Tres asesinatos en menos de una semana, y entre ellos el de la religiosa estadounidense Dorothy Stang, han decidido al gobierno brasileño a enviar un contingente de 2.000 efectivos militares para evitar el desborde de la violencia en el estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil.
Stang fue una pertinaz crítica contra la impunidad.
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Parece poca cosa para que el gobierno de Lula da Silva tome una decisión tan drástica, máxime en un país donde mueren violentamente no menos de 50.000 personas por año.
Pero la situación de Pará es explosiva y allí se libra una guerra civil de baja intensidad que retrata la desigualdad social que afecta a Brasil.
El estado de Pará tiene más de 1.200 millones de metros cuadrados de extensión, representa 16,66% del territorio de Brasil y 26% de la selva amazónica.
Alejado de los grandes centros urbanos, industriales y políticos de Brasil, los terratenientes de la zona han impuesto sus propias leyes durante décadas.
La extracción de madera y las explotaciones agrícolas y pecuarias son la principal actividad económica de la región, donde -como admiten las autoridades- pistoleros a sueldo de los grandes latifundistas suelen actuar a sus anchas ante la falta de recursos de que disponen las autoridades y la fragilidad de las instituciones públicas.
Radiografía
Pará es la región de Brasil donde se verifican más denuncias de trabajo esclavo o en condiciones degradantes, y de depredación ambiental a gran escala; también tiene en su haber el mayor índice de asesinatos ligados a disputas por tierras.
Entre 1985 y 2001, casi 40% de las 1.237 muertes de trabajadores rurales en Brasil sucedieron en ese estado.
Dorothy Stang, la misionera estadounidense asesinada el sábado en un poblado rural de Pará, había sido una pertinaz crítica de la impunidad con que actuaban los terratenientes de la región.
Radicada en Brasil hacía más de 20 años y nacionalizada brasileña, Stang había enviado varias cartas y visitado Brasilia para pedir a las autoridades más control contra las acciones de empresarios madereros, y a favor de los campesinos sin tierra y la conservación ambiental.
Enterada de que su vida corría peligro, el día previo a su asesinato, Stang fue a visitar a los hombres que habían sido contratados para matarla, tratando de disuadirlos.
Igual, fue asesinada pocas horas después.
Historias paralelas
La desforestación es uno de los principales males que afectan la selva amazónica.
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El caso de Stang ha sido comparado con el de Chico Mendes, el activista brasileño asesinado por pistoleros en 1988 por defender causas similares, y cuya muerte tuvo repercusión mundial.
Los medios de comunicación locales han destacado, sin embargo, que entre una muerte y otra no ha habido cambios sustanciales en Pará, donde existe una especie de poder paralelo, dominado por latifundistas y empresarios madereros con fuertes influencias en el Congreso Nacional.
"Chico Mendes y Dorothy Stang fueron muertes anunciadas ante un poder público inerte y demagogo", escribió este miércoles uno de los columnistas más influyentes de Brasil, Elio Gaspari.
Este miércoles, la Comisión Pastoral de la Tierra difundió un comunicado con la lista de las 160 personas amenazadas de muerte en Pará.
Dorothy Stang era una de ellas, y el resto de los amenazados lo estarían por razones similares: críticas o impedimientos para la libre actuación de los empresarios agrícolas y pecuarios en la región, una de las más pobres y desiguales de Brasil.
Denunciados y multados con frecuencia por explotación ilegal de madera y desforestación en Pará, los empresarios madereros han ejercido fuertes presiones sobre el gobierno de Lula da Silva para evitar los controles.
Este año, el gobierno terminó cediendo ante sus reclamos y les restituyó varias licencias de explotación que habían sido suspendidas, lo que generó críticas de ambientalistas y líderes de opinión, a las que el gobierno no respondió.
"De nada sirve enviar 2.000 soldados para que se queden una semana, si no se invierte más en la estructura de las instituciones, Policía y órganos de fiscalización ambiental y de respeto a los derechos humanos", dijo este miércoles Gilberto Portes, coordinador del Foro nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo, unificando las voces de quienes piden soluciones estructurales para la violencia en Pará.
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Entre 1985 y 2001, casi 40% de las 1.237 muertes de trabajadores rurales en Brasil sucedieron en ese estado
