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Martes, 15 de febrero de 2005 - 23:46 GMT
Debaten leyes contra impunidad

Héctor Latorre
Colombia

El Congreso de Colombia debate desde este martes varios proyectos de ley que buscan "verdad, justicia y reparación" en las desmovilizaciones de los combatientes de grupos armados, en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Desmovilización paramilitar en Colombia, 18 de enero de 2005
Ya se han desmovilizado cerca de 4.000 paramilitares.

Luego de más de dos años de negociaciones entre el gobierno y el principal grupo paramilitar del país, se han desmovilizado cerca de 4.000 de los combatientes de las AUC.

Sin embargo, se teme que ante la falta de un marco jurídico para este tipo de procesos los delitos cometidos por ellos queden en la impunidad.

"Como no había ninguna intervención de la fiscalía en estas desmovilizaciones, es posible que personas que pudieran haber cometido crímenes de lesa humanidad y haber participado en masacres y otro tipo de acciones como éstas estén libres, porque no hay marco jurídico", explicó a la BBC el analista Mauricio Romero.

"A los combatientes desmovilizados no se les está indagando judicialmente, y no se ha recibido ningún tipo de confesión", añadió Romero.

Donantes en espera

El gobierno presentó su proyecto de ley el viernes pasado, luego de haberse reunido con más de 25 delegados de países y organismos internacionales que efectúan donaciones para programas de cooperación y desarrollo en Colombia.

La propuesta regula la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales a miembros de grupos armados que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

Mauricio Romero (Foto: H. Latorre)
A los combatientes desmovilizados no se les está indagando judicialmente, y no se ha recibido ningún tipo de confesión
Mauricio Romero, analista

Entre otros puntos, contempla descontar de las penas que pesen sobre los paramilitares el tiempo que lleva en la negociación. Además, permitiría que cumplan sus sentencias en el exterior, lo que -según la congresista oficialista Rocío Arias- abriría el camino para eventuales extradiciones.

En diálogo con la BBC, Darío Villamizar, director en Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), manifestó la preocupación de la comunidad internacional ante el vacío jurídico.

"Por lo menos Europa y Estados Unidos han sido muy claros: mientras no exista un marco jurídico adecuado para la desmovilización de estas personas no hay recursos económicos", dijo Villamizar.

La preocupación no es sólo en el nivel internacional, pues el proceso debe garantizar la desarticulación total de estos grupos, según dijo a la BBC el analista Iván Cepeda, hijo del senador de izquierda Manuel Cepeda, asesinado por grupos paramilitares, y director de la fundación que lleva su nombre.

"Para que ello ocurra es necesario que un proyecto de ley tendiente a la verdad, la justicia y la reparación vaya a la esencia del mecanismo que ha permitido la conformación de esos grupos", dijo Cepeda.

"Quiere decir que se establezca la responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en la creación, mantenimiento, apoyo a esta clase de grupos paraestatales, y también por parte de influyentes sectores de la sociedad civil colombiana", explicó el analista y víctima de los paramilitares.

Debate abierto

Para la legisladora Rocío Arias, el debate en el Congreso debe ser "de cara al país" sin que "los grupos políticos tomen posiciones sesgadas". Según ella, las AUC están abiertas al proceso.

"He conversado con varios miembros del estado mayor negociador y considero que ellos no tienen oposición a ninguno de los temas que más tarde se tendrán que afrontar, como el tema de las tierras, la reparación a las víctimas y las penas privativas de la libertad. Aquí no hay ningún tema vetado", dijo Arias a la BBC.

Álvaro Uribe, presidente de Colombia
En nombre de la paz no se puede llegar a la impunidad
Álvaro Uribe, presidente de Colombia

Pero para el analista Mauricio Romero, los líderes de las AUC tendrían un "plan B" si el Congreso aprueba un proyecto muy duro en su contra.

"Un poco previendo ese ambiente que hay en el Congreso, ellos han previsto la convocatoria de un referendo para definir cuál es el tipo de penas a los cuales tengan que someterse", dijo Romero.

Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado ante esta posibilidad en el proceso con las AUC.

"En nombre de la justicia no se puede llegar al sometimiento y en nombre de la paz no se puede llegar a la impunidad", señaló el presidente Álvaro Uribe en la reunión con los países y organismos donantes a principios de este mes en Cartagena.

Según el mandatario, la ley deberá ser aprobada en el Congreso al finalizar el primer semestre del año, pues en diciembre tendrán que haberse desmovilizado los cerca de 13.000 combatientes que se calcula tienen las AUC, según lo acordado en las negociaciones.

El marco jurídico que se apruebe también deberá permitir en un futuro conversaciones o la entrega de los grupos rebeldes de izquierda, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que aún están alzados en armas.



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