La decisión final sobre su extradición está en manos del presidente Álvaro Uribe.
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó este miércoles la extradición a Estados Unidos del líder paramilitar Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna.
Sin embargo, la decisión final de su posible extradición está en las manos del presidente Álvaro Uribe, quien en diciembre pasado ante una situación similar con otro líder paramilitar, Salvatore Mancuso, optó por autorizar su extradición pero no la ejecutó por los compromisos adquiridos en la negociación de paz entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Y es que la autorización para extraditar a Murillo se produce en momentos en que según cifras oficiales se han desmovilizado más de 9 mil hombres bajo el proceso de paz, entre ellos el propio Murillo y otros líderes paramilitares.
Murillo es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y en este momento se encuentra recluido en una granja en el norte del país, bajo la vigilancia de la policía y a petición de la fiscalía, que lo investiga por asesinato de un diputado regional y otras dos personas.
Hasta el momento, el presidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que tome el mismo camino que tomó en el pasado cuando se presentó el mismo caso con Salvatore Mancuso.
Todos están de acuerdo
Hasta sus opositores están de acuerdo en que no se debe extraditar al jefe paramilitar.
En diálogo con BBC Mundo, el candidato presidencial de izquierda Antonio Navarro Wolf aseguró que "es previsible saber lo que va a pasar porque Uribe ya tomó una decisión en este sentido. Yo tampoco lo extraditaría porque sería ilógico llevar adelante un proceso de paz que termine con la extradición de quienes se acogieron a él".
Por su parte el senador liberal Darío Martínez dijo que "el presidente ya adoptó una política de Estado. Es una decisión política más que jurídica y puede ser discutible o no, pero ya está tomada, y si la tomó en el caso de Mancuso, tiene que tomarla en el caso de Don Berna y en los posibles casos de otros dirigentes de las autodefensas que estén en las mismas circunstancias".
De todas maneras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia le crea un pequeño dolor de cabeza al presidente Uribe, ya que volverán a aparecer las voces de quienes dicen que el gobierno actual no mide con la misma vara a guerrilleros y paramilitares, ya que en diciembre pasado el mandatario extraditó a Simón Trinidad, uno de los líderes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Pero el gobierno siempre ha argumentado que con los dirigentes de la guerrilla el caso es diferente, porque no están involucrados en un proceso de paz, no hay diálogos, ni mucho menos desmovilizaciones o cese de hostilidades.
Si Murillo no es extraditado a Estados Unidos, su condena sería de hasta ocho años de cárcel, tal y como lo estipula la ley de justicia y paz, que otorga el marco jurídico a las desmovilizaciones paramilitares y que ha sido seriamente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos que la consideran demasiado blanda para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
De todas maneras y pese a las críticas, el gobierno aspira a terminar con la desmovilización de cerca de 20 mil paramilitares a finales de este año. Por ahora lo que hace falta es que entregue el listado oficial de los hombres que están involucrados en el proceso de paz para que la fiscalía pueda empezar a aplicar la ley.
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Es previsible saber lo que va a pasar porque Uribe ya tomó una decisión en este sentido
