El máximo tribunal de Justicia chileno ordenó a los jueces que llevan adelante juicios por casos relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar que finalicen con sus investigaciones en los próximos seis meses.
En Chile se investigan 356 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
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El titular de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, afirmó que "se busca celeridad, ponerle término a los procesos, pero en ningún caso que haya un punto final".
El magistrado explicó que las convenciones internacionales recomiendan un plazo razonable para asegurar las garantías fundamentales a todas las partes en el proceso.
En Chile se investigan 356 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto encabezado por el general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1980.
Las causas, que afectan a ex integrantes de las Fuerzas Armadas y a agentes civiles de Inteligencia, están a cargo de 22 jueces especiales.
Aclaraciones
Libedinsky señaló que una vez expirado el plazo, los abogados querellantes o de la defensa podrían realizar apelaciones requiriendo más tiempo para las investigaciones.
Además, negó que el fallo fuera una reacción al suicidio del coronel retirado Germán Barriga, quien había señalado que no podía soportar la presión de un escrutinio constante.
Barriga, investigado en cuatro causas por la desaparición de dirigentes del Partido Comunista en 1976, dejó una carta culpando por su decisión, en parte, a la demora de los procesos en su contra.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, había expresado que la decisión de Barriga de quitarse la vida puso en evidencia que el sistema legal funciona con demasiad lentitud.
En tanto, activistas de derechos humanos se mostraron alarmados por la resolución del máximo tribunal.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguró a la agencia de noticias EFE que sentía preocupación por "estas ideas que han surgido en torno a terminar con el tema de las violaciones a los derechos humanos".
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Laura Soto, dijo estar sorprendida y dolida por la decisión de la Corte Suprema.
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Se busca celeridad, ponerle término a los procesos, pero en ningún caso que haya un punto final
