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Jueves, 1 de septiembre de 2005 - 19:13 GMT
Dura crítica de AI a Colombia

Marcelo Risi
BBC Mundo, España

"Colombia: Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?". En este nuevo informe, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció lo que considera son "los gravísimos defectos de la estrategia de desmovilización del gobierno" colombiano.

Paramilitares colombianos
El conflicto armado de Colombia ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas en los últimos 20 años.
AI destacó que el conflicto armado de Colombia se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas en los últimos 20 años, la gran mayoría "civiles muertos fuera de combate".

Asimismo, más de tres millones de personas se han convertido en desplazados internos desde 1985.

Ley de Justicia y Paz

AI se centra en la Ley de Justicia y Paz, sancionada en julio pasado, y que debe regular la desmovilización de los grupos paramilitares y, en un futuro, de la guerrilla.

La agrupación de organizaciones paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar a sus combatientes antes de que terminara el año 2005.

Hasta el momento se sabe de la desmovilización de más de 8.000 paramilitares.

Pero AI advierte en el informe que los paramilitares son "responsables de al menos 2.300 homicidios y desapariciones desde que declararon su cese de hostilidades".

"La ley es una burla a la justicia y a la paz", dijo a BBC Mundo Adriana Arboleda Betancur, abogada y defensora de derechos humanos de Medellín, Colombia.

El gobierno colombiano pretende "que no lo equiparen con lo sucedido en Sudamérica con las leyes de punto final, aunque en el fondo busca crear un ambiente de legalidad a la situación de impunidad absoluta que se les ofrece a los paramilitares", agregó.

Paramilitarismo "reciclado"

Marcelo Pollack, autor del informe de Amnistía Internacional.
"El experimento de Medellín ha sido un fracaso", aseguró Pollack.

El informe de AI destaca también la desmovilización del grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara de Medellín, iniciada en noviembre de 2003.

"El experimento de Medellín ha sido un fracaso" sentenció su autor Marcelo Pollack.

Los paramilitares actualmente "encubren sus actividades fingiendo ser miembros de empresas privadas de seguridad o actuando como informantes para las fuerzas de seguridad", explicó a BBC Mundo.

En Medellín "la seguridad de la población civil depende de los antojos de los jefes paramilitares", señaló.

"La única respuesta a cualquier intento de cuestionar ese control es la violencia", añadió.

Por lo tanto, la Ley de Justicia y Paz sólo estaría consolidando y legalizando al paramilitarismo, denuncia AI, al ofrecer "grandes beneficios a muchos de los peores violadores de los derechos humanos sin pedir casi nada a cambio, es un engaño de grandes proporciones", sostuvo Marcelo Pollak.

Según el investigador de AI para Colombia, el paramilitarismo se ha reinventado al amparo de esta ley, que apoya su estrategia de "mantener y legalizar su control económico, social y político".

El resultado sería "el resurgimiento del paramilitarismo detrás de una fachada de paz".

Buscando apoyo internacional

Paramilitares colombianos durante entrenamiento
Según el investigador de AI, el paramilitarismo se ha reinventado al amparo de esta ley.

"El gobierno colombiano intenta convencer a todos que ésta ley resolverá la crisis de derechos humanos de Colombia", señaló Pollack.

Precisamente el próximo 6 de septiembre los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea (UE) decidirán su posición sobre la ley.

El autor del documento espera que se rechace el apoyo, ya que "no se puede dar seguimiento a una ley que es totalmente injusta".

En Colombia no estaría dado un marco jurídico conforme a las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sostiene AI.

Por lo tanto la UE "no puede salir con ningún apoyo político o económico", explicó Pollack.

También las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado contrarios a la legislación colombiana en este contexto.

Decepciona la "ambigüedad del gobierno español", sostiene Giulia Tamayo, de AI, considerando el peso de España en la decisión que adopte la UE.

La defensora de los DD.HH Adriana Arboleda Betancur teme que la falta de "exigencia (del presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero) al gobierno colombiano" demuestra que priman las relaciones económicas.

"El gobierno español sigue apoyando militarmente a Colombia, esperábamos que tuviera una posición más cercana a la defensa de los derechos humanos", añadió.

"Impunidad"

Paramilitares colombianos
La AI asegura que en Colombia no hay un marco jurídico sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

AI reconoce que hay una realidad política, aunque exige "que se respeten ciertos mínimos para asegurarse que no repetirán las violaciones de derechos humanos", explicó Pollack.

"En Colombia ni siquiera estamos cediendo un poquito de impunidad, estamos ante la negación absoluta de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos a los que tienen derecho las víctimas", agregó la abogada Arboleda Betancur.

La letrada espera que la comunidad internacional "exija que se desmonte la ley, que se juzgue a los responsables de crímenes atroces, y que se desmonte el paramilitarismo como política del Estado".

Pollack hace un análisis más sobrio y teme que la UE acabe dando su visto bueno a las medidas de Uribe.

Si ésto permite efectivamente que se consoliden los paramilitares, vaticina que "los grandes olvidados serán las víctimas que continuarán viviendo el terror y la injusticia".

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