Un paro convocado por organizaciones barriales consiguió que el gobierno boliviano cancelara un contrato con la empresa transnacional que gestionaba la distribución de agua potable en la ciudad de El Alto.
El año comenzó con una sucesión de protestas contra el gobierno boliviano.
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El gobierno presidido por Carlos Mesa enfrenta desde comienzos de año una serie de protestas, de las cuales la más seria ha sido el reclamo de los habitantes de la localidad vecina a La Paz contra la compañía francesa Suez Lyonnaisse des Eaux.
Sin embargo, el anuncio de la rescisión del contrato con esta firma no logró aún levantar los bloqueos vecinales, que desde el pasado lunes han cortado el principal acceso a la sede de gobierno.
Los habitantes de El Alto, ciudad de más de 700 mil habitantes y una de las más pobres de Bolivia, exigen que el gobierno emita un decreto que consolide la conclusión del contrato con la transnacional francesa.
Esta empresa ha sido acusada por organizaciones barriales de incumplir el contrato en varios puntos y de cobros injustificadamente altos por sus servicios.
Una revisión del contrato y de las razones de sus tarifas, que había sido pedida por autoridades del sector, fue rechazada por la compañía francesa que gestiona el agua potable y el alcantarillado, a través de su representante local, Aguas del Illimani.
El gobierno anunció que se "iniciará la terminación del contrato de concesión con Aguas del Illimani en forma concertada por las vías legales que le asistan y que sean consistentes con las legítimas pretensiones y necesidades de servicios básicos de La Paz y el Alto".
Santa Cruz paralizada
Los habitantes de El Alto se volcaron contra Aguas de Illimani por no cumplir con sus obligaciones.
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Mientras las autoridades intentan resolver el conflicto en El Alto mediante esta propuesta, la ciudad de Santa Cruz, la más importante de Bolivia en términos económicos, está paralizada por segundo día.
Los bloqueos de calles y la paralización de actividades en Santa Cruz fue convocada por un Comité Cívico liderado por grupos empresariales privados que exigen que se deje sin efecto una subida de combustibles que rige desde hace dos semanas en Bolivia.
Una serie de decretos emitidos por el gobierno a favor de los empresarios y la región de Santa Cruz ha sido insuficiente para detener la protesta.
Los dirigentes de esta movilización rechazaron el contenido de esos decretos e insisten en la reconsideración de los nuevos precios de combustible, e incluso exigen la renuncia del presidente de la República.
Las protestas comenzaron con la disconformidad por el aumento de los combustibles.
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Una asamblea de las instituciones que llamaron el paro ha sido convocada para este jueves con la intención de aplicar otras medidas de presión dirigidas a conseguir la rebaja de los precios de la gasolina y el diesel, que subieron en 10% y 23%, respectivamente.
La inquietud por las protestas anunciadas a partir del pasado lunes empujaron al presidente Carlos Mesa a emitir un largo mensaje a la nación en el que aseguró que prefería renunciar antes que ordenar una represión violenta de las manifestaciones.
Mesa dijo que hay pequeños grupos y "fuerzas oscuras" que defienden sus propios intereses y pretenden provocar actos violentos con fines políticos.
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