Unos 28.000 chilenos podrían acogerse voluntariamente a la ley de indemnizaciones.
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El Congreso de Chile aprobó el proyecto de ley de reparaciones económicas a las víctimas de torturas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet.
La ley contempla una serie de pensiones y beneficios médicos y educativos para unos 28.000 chilenos que entregaron sus testimonios a una comisión presidencial.
Además, los hijos de presos políticos no estarán obligados a prestar servicio militar.
El proyecto de ley fue aprobado en tiempo récord para los estándares chilenos y contó con los votos de 74 diputados, lo que fue luego respaldado por 34 senadores a favor y dos en contra.
La ley establece una pensión anual de US$2.314 para los menores de 70 años; de US$2.530 para los de entre 70 y 75 años y de US$2.648 para los mayores de esa edad.
Además, las víctimas que acepten la compensación deberán recibir un bono de US$5.128 efectivo un mes después de tomada la decisión.
Por otro lado, los nacidos en prisión o los que estuvieron encarcelados junto a sus padres, recibirán un bono de US$6.900.
"Compensación sin justicia"
La ley propuesta por el presidente Lagos ha sido recibida en forma ambivalente.
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Sin embargo, según la ley, los documentos y detalles aportados por el llamado "Informe Valech" de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura permanecerán en secreto durante 50 años.
Este aspecto de la ley fue objetado por el oficialista Partido por la Democracia.
Jorge Cárcamo, quien aún sufre secuelas de las torturas que se le inflingieron durante la década de los ochenta, cree que el error de la ley está en pretender hacer compensaciones económicas sin hacer justicia.
"No me siento beneficiado para nada", dijo Cárcamo a la BBC. "No sólo por el aspecto económico sino porque no hay justicia. Una comisión hace todo un estudio y luego se reserva el derecho a dar los nombres de los torturadores por 50 años, eso no tiene explicación política".
Tras la aprobación de la ley, el público que presenciaba la sesión gritó consignas contra el gobierno y protestaron lo exiguo de las pensiones.
Por su parte, Cárcamo se hace eco del malestar calificando la ley de "compra de conciencias".
"Debido a la situación económica de Chile y en particular de los ex prisioneros políticos a los que por sus antecedentes no les dan trabajo, estas pensiones sirven como compra de conciencias, para que la gente tome el dinero y se quede tranquila o no demande más al Estado".
No obstante, para muchos esta es la primera vez que se toma en serio la responsabilidad del Estado con las víctimas del régimen militar.
La comisión presidida por el obispo católico Sergio Valech, luego de escuchar 35.000 testimonios, concluyó que 27.255 personas fueron torturadas durante el gobierno militar que rigió Chile entre 1973 y 1990.
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Estas pensiones sirven como compra de conciencias, para que la gente tome el dinero y se quede tranquila o no demande más al Estado
