Este viernes, más de 1.400 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, iniciaron su desmovilización en un hecho sin precedentes dentro del actual proceso de paz que impulsa el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Un momento histórico: Mancuse entrega sus armas al Alto Comisionado para la Paz.
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El acto se realizó en una zona rural del municipio de Tibú, en el noreste colombiano, cerca de la frontera con Venezuela, antiguo bastión de las guerrillas izquierdistas hasta la llegada de los paramilitares hace un par de años.
Salvatore Mancuso, uno de los principales líderes de las AUC, entregó sus armas junto a sus hombres del Bloque Catatumbo al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y a Sergio Caramagna, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica el proceso de desmovilización.
"Pido perdón a las naciones del mundo, entre ellas a los Estados Unidos, si por acción o por omisión las pude ofender, ruego el perdón de cada madre y de aquellos cuyo dolor causamos o permitimos. Asumo mi responsabilidad a partir de la jefatura ejercida", dijo Mancuso.
"Temo por las preguntas y recriminaciones en los ojos de mis hijos cuando vuelva a pedirles perdón, pero asumo cualquier sacrificio si a cambio esta patria encuentra el camino de la reconciliación final", expresó, visiblemente afectado y con la voz entrecortada.
Líder en la paz
El líder paramilitar criticó en su discurso la falta de protección del Estado en algunas regiones, por lo que justificó su lucha armada para defenderse de las guerrillas izquierdistas y pidió a sus hombres que como lo siguieron en la guerra lo sigan en la paz.
Según Progresar, una organización no gubernamental que trabaja por los derechos humanos, el grupo de Mancuso es el principal responsable de cometer abusos contra la población civil en la región del Catatumbo, donde se llevó a cabo la desmovilización.
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Nuestra condición fue y sigue siendo muy simple, declaratoria de un cese de hostilidades como expresión de la voluntad inequívoca de abandonar los
caminos de la violencia para explorar los caminos de la democracia
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Mancuso también cuestionó la ausencia de los académicos en el proceso con las AUC, por lo que los invitó a participar de las negociaciones, mientras que elogió el valor del gobierno para sentarse a dialogar.
Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, destacó el gesto de paz de Mancuso y sus hombres e invitó a los demás grupos armados ilegales a seguir su ejemplo según las normas del gobierno.
"Nuestra condición fue y sigue siendo muy simple, declaratoria de un cese de hostilidades como expresión de la voluntad inequívoca de abandonar los
caminos de la violencia para explorar los caminos de la democracia", afirmó Restrepo.
Con la desmovilización de este viernes, son más de 2.000 los combatientes que han entregado sus armas en menos de un mes, de los 3.000 que se espera lo hagan antes de finalizar el presente año.
El gobierno nacional y las AUC iniciaron negociaciones de paz en diciembre de 2002 y, según lo acordado, antes de finalizar el 2005 se deberán haber entregado todos sus combatientes, que se estiman son más de 15.000.
El papel de EE.UU.
La posible extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico es uno de los obstáculos en la negociación con las AUC, pues Mancuso, al igual que otros líderes paramilitares, tiene orden de captura para comparecer ante la justicia estadounidense.
Estados Unidos ha reclamado la extradición de Mancuso por cargos relacionados con el narcotráfico.
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El gobierno colombiano ha suspendido las órdenes de captura contra los líderes paramilitares con la condición que deben permanecer en el proceso de paz y ha señalado que de acuerdo a su comportamiento y a los gestos de paz podrían evitar la extradición.
Otro de los puntos pendientes en las negociaciones es el futuro de los desmovilizados que, por ahora, entran a formar parte del programa de reinserción del gobierno, lo que les otorga una serie de beneficios económicos y sociales.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han criticado el proceso por la posible impunidad que generarían las
negociaciones y en especial las desmovilizaciones.
Actualmente, está pendiente el debate en el Congreso de una ley que determine el marco legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales pensando en la reparación a las víctimas para evitar lo que señalan las críticas al proceso.
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