Gutiérrez se salvó de la primera arremetida del Congreso a pesar de su precaria presencia parlamentaria.
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Los partidos de oposición en el Congreso de Ecuador sufrieron una derrota inicial en su intento de abrir un juicio político contra el presidente Lucio Gutiérrez.
La semana pasada 51 de los 100 diputados del congreso unicameral ecuatoriano firmaron una solicitud para iniciar el proceso por corrupción.
Pero el día de la votación para el nombramiento de una "comisión especialísima" sobre el caso se produjeron deserciones que impidieron que se lograra el quórum necesario para conformarla.
Además de la ausencia no explicada de seis diputados opositores a la audiencia, trascendió que dos de los parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC), principal promotor del juicio, renunciaron a la agrupación lo que debilitó la iniciativa opositora.
Sin embargo, se prevé que la oposición intente una nueva votación en los próximos días.
"La oposición tendrá que recomponer sus fuerzas, afectadas por el hombre del maletín que ha empezado a comprar las conciencias de los diputados en el Congreso", dijo el diputado Luis Villacís, del opositor Movimiento Popular Democrático, citado por la agencia de noticias EFE.
Técnicamente suspendido
La mayoría de la oposición se redujo a la hora de votar.
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Parlamentarios partidarios del gobierno creen que, con esto, se desvanecen las aspiraciones de la oposición.
El juicio estaría así "técnicamente suspendido", según dijo a la agencia de noticias Reuters Carlos Larrea, jefe de los abogados del presidente Gutiérrez.
"Ganamos, abajo los golpistas", dijo Omar Quintana, de la bancada del Partido Roldosista Ecuatoriano, aliado al gobierno.
Los opositores exigen la destitución del mandatario quien presuntamente habría utilizado fondos públicos para financiar la campaña electoral de su partido.
Gutiérrez niega estar involucrado en malos manejos y se dice víctima de sectores económicos del país afectados por su política anticorrupción.
Según Gutiérrez, el juicio político planteado en su contra es una retaliación política del PSC porque el Gobierno comenzó a cobrar a los deudores de la banca privada, por intermedio de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
"Por cobrar las deudas a un grupo, a una familia, ahora le quieren seguir juicio político al Presidente de la República. Esa misma familia adeuda alrededor de 15 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional (CFN)", dijo el mandatario.