Se da por descontado que el sector oficial logre la mayoría de las gobernaciones y alcaldías.
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Este domingo los venezolanos elegirán autoridades regionales en lo que muchos consideran la segunda parte del referendo revocatorio presidencial.
Gobernadores, alcaldes, concejales y asambleas legislativas regionales serán renovadas este domingo, cuando más de 14 millones de electores están convocados a votar.
El jueves se cumplió el último día de campaña, con diferentes actos en todas las ciudades del país.
El proceso es visto como la secuela del referendo. De hecho, ha estado muy influenciado por los resultados de aquella consulta en la que el presidente Hugo Chávez logró ratificar su mandato hasta el 2006.
El sector opositor luce desunido y desmoralizado tras la derrota, mientras que en el sector gubernamental se sienten aires de triunfalistas.
Los detractores del presidente no lograron concretar candidaturas unitarias, lo que implicará una dispersión del voto opositor.
De hecho, se da por descontado que el sector oficial logre la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, lo que significaría un control nunca visto en Venezuela en todas las instancias del poder.
Votar o no votar
Esa es la pregunta que se hacen muchos de los electores venezolanos, sobre todo los que simpatizan con la oposición.
El proceso es visto como la secuela del referéndum.
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Las denuncias de fraude en las que ha venido insistiendo la oposición desde que perdió el referendo revocatorio presidencial del 15 de agosto han tenido un efecto boomerang entre sus seguidores.
Con la presentación de las supuestas pruebas del "fraude electrónico" se ha creado una sensación entre muchos opositores de que el "voto es inútil" pues podría ser desvirtuado en la máquina de votación.
Sin embargo, muchos analistas aseguran que con esa actitud la oposición perderá las gobernaciones y alcaldías que todavía controla.
Tradicionalmente las elecciones regionales son las menos concurridas. Históricamente entre un 50% y 70% se abstienen de participar. En esta ocasión es posible que la mayoría de los que se queden en casa sean gente contraria al gobierno
Pésimo consejo
Las organizaciones de la oposición tratan de revertir esa tendencia, para conservar al menos los lugares en los que tienen opción de triunfo.
Al cerrar su campaña, el líder de la opositora Coordinadora Democrática y gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, dijo que "Venezuela no se acabó el 11 de abril (2002), ni el 15 de agosto y tampoco el 31 de octubre".
"La verdadera trampa en este proceso electoral (...) está en el plan diabólico del gobierno nacional de que se lleve a cabo la abstención".
Mientras que el candidato opositor a la Alcaldía Mayor, Claudio Fermín, aseguró que "no es cierto que pueda deslegitimarse a nadie no votando, abstenerse es un pésimo consejo".
En la última semana la dirigencia opositora ha intentado rescatar la voluntad de participación de sus seguidores. Ese fue el tono del mensaje que el veterano líder izquierdista Pompeyo Márques presentó al cierre de la campana.
"Vamos a votar bajo protesta porque el Consejo Nacional Electoral ni es imparcial, ni es confiable, ni es transparente (los lemas publicitarios del CNE).
"Este proceso no tiene ni siquiera la defectuosa observación internacional del Centro Carter ni de la OEA".
Despolarización.
Con este cambio de discurso algunos esperan que la participación no sea tan escasa como muchos temían.
"La abstención está derrotada", aseguró el vicepresidente José Vicente Rangel, quien dijo esperar "normalidad y paz" durante la jornada electoral.
"Hemos pasado de una etapa de polarización y crispación a la despolarización".
Del lado gubernamental algunos temen que el excesivo triunfalismo pueda disuadir a muchos de los seguidores del presidente Chávez a concurrir a las urnas.
El propio presidente, en una alocución transmitida por el canal del estado, recordaba el martes a sus simpatizantes que "todavía no hemos ganado".
Por cierto que este tipo de mensajes le ha ganado al presidente una investigación por supuesta violación de la norma de propaganda electoral, que impide a los funcionarios públicos participar en campañas proselitistas.