El corresponsal de la BBC en Caracas, Carlos Chirinos, conversó con el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dio a conocer este jueves un informe sobre la situación del sistema judicial venezolano titulado "Manipulando el Estado de Derecho:
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela".
Entre otras cosas, su organización asegura que "desde el año pasado, el Presidente Chávez y sus aliados han venido adoptando medidas
para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial".
Entre las recomendaciones pide a la Organización de Estados Americanos que invoque la Carta Democrática Interamericana con el fin de "restituir" el estado de derecho en Venezuela.
Su informe generó reacciones de sectores oficialistas. El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, aseguró que Vivanco es un "mercenario al servicio de los poderes imperiales".
Incluso la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el gobernante Partido Quinta República, pidió al ejecutivo declarar a Vivanco persona non grata.
¿Qué posibilidad hay de que se active la Carta Interamericana?
Honestamente no lo sé. No es fácil hacer una predicción de esa naturaleza. Las conductas de los estados varían según las circunstancias políticas del momento. Confiamos en que dada la fructífera labor y el balance positivo de la OEA en Venezuela la estimule a trabajar en este caso.
¿Pero han hablado de esto con representaciones de la OEA en Washington?
Hasta ahora no. Estamos dando a conocer nuestros planteamientos hoy. Esperamos establecer contactos con algunos gobiernos clave y con la propia OEA en los próximos días.
Ustedes reconocen que para activar la carta hace falta la colaboración del gobierno venezolano. Pero a juzgar por la respuesta del vicepresidente Rangel, no parece que vaya a haber diálogo con el gobierno de Venezuela.
Las reacciones del vicepresidente Rangel no son constructivas y son un mal presagio de las posibilidades que pudieran existir de enderezar este proceso. Yo no voy dignificar con una respuesta los comentarios que el vicepresidente ha hecho descalificándonos en términos muy agresivos. Me imagino que se trata de una táctica de distracción para evitar tratar el fondo del asunto que se está discutiendo. Quisiera que las autoridades recapacitaran porque lo que aquí se está discutiendo es mayúsculo, es muy serio.
Pero la Ley del Tribunal Supremo que ustedes critican está aprobada por la Asamblea Nacional de un estado soberano.
Tratándose de valores universales como la democracia, los derechos humanos, el principio de separación de poderes, esos principios hoy día forman parte del acervo cultural y político regional que está protegido por tratados y convenios internacionales de los cuales Venezuela es signataria. No puede ningún país escudarse en la soberanía para evitar discutirlos.
Pero mejor que llevar esto al terreno de lo público ¿no sería más fructífero trabajar con el gobierno venezolano y tratar que esos puentes no se interrumpan?
Nosotros lo hacemos, todo depende de la etapa del proceso. En este caso no parece haber mucha comunicación con el gobierno venezolano. Enviamos una delegación hace un mes y nos entrevistamos con múltiples autoridades. El problema está en que esta ley ya no es un proyecto es un hecho. Lo único que nos queda es opinión pública.
Pero se exponen a un choque con el gobierno porque le están diciendo al presidente que derogue una ley que él firmó.
Esa es la esencia del trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hacemos críticas a la conducta del gobierno de Estados Unidos por la situación de Irak o los prisioneros de guerra de Guantánamo lo hacemos público. Creemos en la capacidad de movilizar a la opinión pública nacional o mundial.
En el informe hablan de Argentina y Perú, donde habría pasado algo similar. En esos casos ¿Qué hizo Human Rights Watch?
En Argentina pasó exactamente esto: Menem amplió el número de jueces de la Corte Suprema y gobernó con lo que los argentinos llaman la mayoría automática. En el caso del Perú la situación fue mucho más grave. Especialmente en el caso de Perú logramos que el Banco Mundial suspendiera sus programas de colaboración con el Poder Judicial hasta que no hubiera progresos en su autonomía.
Pero entonces no hubo mucho impacto
La verdad es a esa fecha no contábamos con la Carta Democrática Interamericana que es del 11 de septiembre del 2001.
Comparado con Argentina y Perú, ¿Qué tan grave es el caso venezolano?
Usualmente no hacemos comparaciones en derechos humanos. No nos parece justo con los pueblos o con las víctimas. Sí creemos que es valioso identificar casos o experiencias similares donde un gobernante democrático, como fue Menem y como lo fue Fujimori, por lo menos hasta el autogolpe, busca maneras de gobernar donde se preserva la fachada de la democracia cuando de hecho se gobierna sobre la base del poder absoluto del poder central.
¿Cómo valoran la polarización política en Venezuela este año, comparado con el 2003, que fue un año muy conflictivo?
No creo estar en capacidad de responder esa pregunta. Es una apreciación tan subjetiva. Prefiero hacerte comentarios de prácticas o legislación que nos parecen incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Lo único que puedo decir es que los niveles de polarización de Venezuela son muy altos y se mantienen altos.
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