La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió una aplicación "preventiva" del convenio interamericano porque considera que la situación política es "extremadamente grave".
Durante la presentación de un informe sobre Venezuela realizado la mañana del jueves en Caracas, el director de la organización, José Miguel Vivanco, dijo que la democracia venezolana "está amenazada por su propio gobierno".
Human Rights Watch realizó un estudio del poder judicial venezolano y la nueva Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que recientemente aprobó la Asamblea Nacional con los votos únicamente de la mayoría oficial.
Según dijo Vivanco, durante la investigación HRW entrevistó a jueces, magistrados, abogados y observadores internacionales. El informe concluye que hay una "crisis constitucional que podría afectar a su ya frágil democracia".
El organismo de derechos humanos concluye que el poder ejecutivo trata de "copar y purgar" al poder judicial manipulando en función de sus propios intereses.
Algo que sería una amenaza suficientemente grave para la democracia venezolana que justificaría activar la Carta Democrática Interamericana.
Trabajo para la OEA
Vivanco pide que si no se toman medidas inmediatas para corregir el problema, la OEA debe utilizar la autoridad que le confiere el artículo 18 de la Carta Interamericana, previo consentimiento del gobierno de Chávez.
Aseguró que cuando plantearon esos temores al fiscal general, y al presidente del TSJ, les habrían dicho que "quienes ejercen la autoridad demostrarían moderación y respeto por el estado de derecho".
Garantías que consideró irrelevantes "pues un estado de derecho que depende de la buena voluntad y del autocontrol de quienes ostentan el poder, no es en verdad un estado de derecho".
Recordó que cuando en abril de 2002 el presidente Chávez sufrió un golpe de Estado, HRW criticó la alteración del orden constitucional y consideró bien aplicada la Carta Democrática.
En el informe, HRW también critica a algunos sectores de la oposición por haber "desconocido el estado de derecho en sus esfuerzos por derrotar al presidente Chávez".
Mercenario imperial
Aunque el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, dijo que no está prevista una respuesta oficial ofreció una reacción personal, en medio de un acto de la campaña del presidente para el referéndum revocatorio.
"Es inaceptable que una persona como Vivanco, que es un mercenario al servicio de los poderes imperiales, venga a hacer cuestionamientos en contra del funcionamiento de nuestras instituciones, que es un funcionamiento impecable".
"No tiene ninguna base porque nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer el poder judicial, sacándolo del pozo séptico en que se encontraba. Un poder judicial que sea la respuesta a la injusticia que ha privado en Venezuela".
Acusó a Vivanco de ser un vocero de la oposición venezolana y vocero del gobierno de George W. Bush, quien -según la tesis oficial- es quien está detrás de la Coordinadora Democrática.
Durante su rueda de prensa, Vivanco aseguró que el fenómeno venezolano no es nuevo en la región y recordó los casos de la Argentina de Carlos Menem y del Perú de Alberto Fujimori quienes, según dijo, "reconstituyeron" sus sistemas judiciales.
"Esos cambios contribuyeron a un ambiente de impunidad que facilitaron las prácticas corruptas por las que se les sigue proceso a ambos ex presidentes".
Pero la polarización haría de Venezuela un caso más grave, pues considera que la creciente división política eventualmente se resolverá en los tribunales, como sucedió con las elecciones estadounidenses del 2000.
"En última instancia serán los tribunales los que tendrán que determinar la validez de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, así como la legalidad de las acciones de los simpatizantes y opositores del presidente".
De la Corte al Tribunal
El 80% de los jueces venezolanos tienen carácter provisional o temporal, nombrados por una comisión de emergencia judicial que desde 1999 se encargó de reformar el sistema de justicia, tras la llegada al poder del presidente Chávez.
Este martes la Asamblea Nacional aprobó la destitución del magistrado Franklin Arriechi, así como la suspensión de los magistrados Alberto Martini Urdaneta y Pedro Rondón Haaz.
Aunque la destitución se debe a una supuesta falsificación de credenciales por parte de los magistrados, todos estos jueces han emitido sentencias o votos considerados contrarios a los intereses del gobierno, como cuando determinaron que en Venezuela no hubo rebelión militar en abril del 2002.
A la espera de la implementación de las correcciones que sugiere para garantizar la independencia judicial, Human Rights Watch pidió la suspensión de la ayuda que recibe el estado venezolano para la reforma del poder judicial de fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Un estado de derecho que depende de la buena voluntad y del autocontrol de quienes ostentan el poder, no es en verdad un estado de derecho
