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Jueves, 7 de octubre de 2004 - 11:05 GMT
Venezuela: polémica ley para la prensa
Carlos Chirinos
Carlos Chirinos
BBC Mundo, Caracas

Desde este jueves el Parlamento venezolano discutirá la polémica Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que la oposición califica como Ley Mordaza" o "Ley de Contenidos".

Hugo Chávez
Chávez acusa a los medios privados de "capitanear" a la oposición.

Cuando el martes se incluyó su discusión en la agenda de debates de la Asamblea Nacional dos diputados terminaron a puñetazos en el podio de la presidencia parlamentaria ante las cámaras de televisión.

Grupos opositores, organismos gremiales, organizaciones de derechos humanos y medios privados temen que imágenes "poca edificantes" como ésa no puedan verse en vivo y directo si se aprueba esta ley para la prensa.

El debate promete ser candente y tenso, no sólo dentro del parlamento, sino en la calle. Y particularmente en los medios de comunicación privados, los que en su mayoría son muy críticos del presidente Hugo Chávez.

A tal punto que el gobierno los acusa de "capitanear" a la oposición y de haberse convertido en partidos políticos. El presidente Chávez ha amenazado con intervenirlos "militarmente" si insisten en sus supuestos "planes desestabilizadores".

"Todos queremos eso"

La diputada Cilia Flores, jefa del Bloque del Cambio, afín al gobierno, afirma que la oposición ha querido satanizar la ley:

Considera que los ciudadanos somos idiotas que necesitamos que el gobierno nos guíe en cuanto a nuestras decisiones de información
María Sol Pérez Schaell, analista política

"Siempre están diciendo que no sirve, pero no dicen por qué (...) No conocen el documento y siempre hablan en forma general y sin fundamentos", sostiene Flores.

En el papel la ley busca preservar a la población infantil, incentivar la producción audiovisual nacional y mejorar la calidad de la radio y la televisión, algo en lo que, en principio, parecen todos de acuerdo.

Pero en lo que no hay consenso es en los métodos para lograrlo: distribución de contenidos según horarios, cupos mínimos de producción nacional -el 60% debe ser realizado por productoras independientes de las cadenas de televisión- y tutelaje de esas productoras desde el Ministerio de Información y Comunicación, entre otros.

Para la analista política María Sol Pérez Schaell no hay razones "ni éticas, ni filosóficas" para justficar la ley, "salvo el principio de que todos queremos una mejor televisión, pero eso lo queremos todos", aseguró en un programa de televisión.

"Eso se logra con incentivos positivos. Educando a la gente (...) promoviendo mejores programas, creando una televisión pública de mejor calidad para que vea ésa y no los canales privados".

"Es como los padres que educan a sus hijos: una manera es dándole palos y otra manera es estimulándolos", sintetizó Pérez Schaell.

Cuatro ejes

El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, aseguró que la Ley no busca amordazar, sino definir lo que llama "cuatro ejes" comunicacionales.

Estos serían: respeto por el televidente, por los horarios, creación de grupos de supervisión y fomento de una industria comunicacional acorde al "modelo de cambio que vive el país".

Su intención no es censurar, sino crear mecanismos que les permitan a todos los venezolanos defenderse por los caminos legales de las injurias y atropellos a los que son sometidos diariamente por algunos medios de comunicación
Andrés Izarra, ministro de Comunicación e Información

Allí es donde los críticos claman al cielo, pues el modelo de cambio sería lo que el presidente Chávez llama el "proyecto revolucionario bolivariano", algo con lo que no todos comulgan.

Sin embargo, el ministro Izarra niega que haya intencionalidad política.

"Su intención no es censurar, sino crear mecanismos que les permitan a todos los venezolanos defenderse por los caminos legales de las injurias y atropellos a los que son sometidos diariamente por algunos medios de comunicación" asegura Izarra.

Sin embargo, María Sol Pérez Schael sostiene que la ley, además de restrictiva de la libertad de expresión, es "anacrónicamente" paternalista.

"Considera que los ciudadanos somos idiotas que necesitamos que el gobierno nos guíe en cuanto a nuestras decisiones de información (...) La tendencia de hoy en día es que los ciudadanos, y no el Estado, sean responsables de su vida y de la educación de sus hijos".

Ni vivo ni directo

El proyecto de Ley de Responsabilidad Social prohibe, por ejemplo, que sean transmitidas noticias que muestren imágenes y sonidos de actos de "violencia física o psicológica", así como el uso de un "lenguaje vulgar".

También responsabiliza a los medios de las opiniones que puedan emitir entrevistados o participantes dentro de sus espacios.

Para los críticos esto implicaría una censura previa, además de establecer conceptos muy vagos que dejarían a los medios a merced de las interpretaciones de funcionarios gubernamentales.

"Haría imposible la transmisión en vivo de protestas o cualquier cosa fuera de un horario nocturno a riesgo de recibir una sanción", se queja Alberto Federico Ravel, director del canal de noticias Globovisión.

Una queja que rechaza el ministro Izarra, quien niega que se quieran regular los contenidos: la ley "no le dice a nadie lo que debe o no escuchar o ver".

"Desarrolla el principio constitucional de respeto y defensa de los derechos de sujetos débiles jurídicamente, como son los niños, niñas y adolescentes. Les reserva un horario y propone unos límites generales para que nuestros pequeños reciban también educación, amor, solidaridad, cultura y recreación".

Se cree que la mayoría relativa del gobierno en el Parlamento garantizará la aprobación de la nueva ley en poco tiempo.



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