Amnistía Internacional publicó este martes un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, titulado "Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca".
Según A.I., las compañías petroleras tienen responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos.
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El documento fue lanzado en Madrid, como se hará de ahora en adelante con todos los que se presenten sobre América Latina.
En él, Amnistía advierte que el departamento de Arauca "está siendo utilizado por el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos y las compañías petrolíferas, como una zona de prueba para las nuevas 'políticas de seguridad'" de la administración del presidente Álvaro Uribe.
La organización denuncia que dichas políticas "exacerban las violaciones de los derechos humanos cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto".
Entre petróleo, guerrilla y paramilitares
Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera septentrional de Colombia con Venezuela, es una zona rica en petróleo.
Según Amnistía Internacional, el conflicto "se agrava a medida que las partes enfrentadas intensifican sus esfuerzos por controlar por la fuerza los recursos naturales del departamento".
Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía, dijo a BBC Mundo que "muchas políticas de Estado en Arauca han servido simplemente para involucrar aún más a la población civil en el conflicto y también para fortalecer la impunidad".
La organización de defensa de los derechos humanos apunta a la impunidad como uno de los grandes problemas de Colombia.
Según Pollack, "los violadores de los derechos humanos, sean soldados, ejército, paramilitares o guerrilla, no son llevados a la justicia, ni condenados por sus crímenes".
Una denuncia extendida
En este contexto, la riqueza pertolífera es un factor importante.
Según el informe, el petróleo generó más violencia en Arauca.
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El conflicto armado en la zona se agudizó, según Amnistía Internacional, luego de que la compañía estadounidense Occidental Petroleum encontrara crudo en los años 80 en el yacimiento de Caño Limón.
El enfrentamiento por el recurso natural entre la guerrilla, por un lado, y las fuerzas armadas, apoyadas por los paramiliatares, por el otro, han convertido a Arauca "en una de las regiones más militarizadas y violentas del país".
La organización defensora de los derechos humanos denuncia la agresión a civiles y víctimas inocentes a raíz de ataques desproporcionados a objetivos militares por parte de la guerrilla.
También condena la colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares para participar en homicidios, torturas y despariciones.
La crítica de Amnistía Internacional se extiende asimismo a las compañías multinacionales que explotan el petróleo de Arauca.
El informe denuncia que la estatal Ecopetrol, la estadounidense Occidental Petroleum y la española Repsol YPF habrían "hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad establecidos".
Dicha brigada está vinculada con violaciones a los derechos humanos.
"Tragedia y escándalo"
Amnistía Internacional espera ahora que el nuevo gobierno español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, inste al gobierno colombiano para que respete los derechos humanos en el marco de las 25 recomendaciones de la ONU que, según la organización, la administración de Álvaro Uribe no ha cumplido.
Después de casi dos años de gobierno, Marcelo Pollack lamenta que el presidente Uribe "no haya presentado una política para proteger los derechos humanos", mientras sí lo hizo en materia de seguridad.
La situación en Arauca se convierte así en un "símbolo trágico de la política de Uribe", afirma el especialista, pero también, en un "símbolo escandaloso de la comunidad internacional por no instar al gobierno colombiano a que cumpla con sus obligaciones".
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Los violadores de los derechos humanos (en Colombia), sean soldados, ejército, paramilitares o guerrilla, no son llevados a la justicia, ni condenados por sus crímenes
