El gobierno de Venezuela retiró a su embajador en Panamá, un día después de que la presidenta saliente Mireya Moscoso indultara a cuatro anticastristas acusados por el gobierno de Cuba de planear el asesinato de Fidel Castro.
La medida es una protesta por los comentarios hechos por la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, quien dijo que había perdonado a los exiliados cubanos ante el temor de que fuesen extraditados a Cuba o a Venezuela donde los sospechosos, según la mandataria, podrían ser ejecutados.
El embajador de Venezuela en Panamá, Flavio Granados, se retira dejando la embajada a la encargada de negocios Yumiko de Pereira.
Granados dijo a los medios que las afirmaciones de la presidenta Moscoso constituyen "una ofensa al Estado venezolano".
El embajador argumentó que en Venezuela "vivimos en un estado de
Derecho".
"En nuestro país la pena máxima es de 30 años para delitos graves como los de los terroristas que fueron indultados por la presidenta Moscoso", dijo Granados.
Según el diplomático, el presidente de Venezuela Hugo Chávez también decidió cancelar su viaje a Panamá el próximo mes de septiembre para asistir la ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Panamá, Manuel Torrijos.
Paréntesis
El gobierno de Cuba rompió sus relaciones diplomáticas con Panamá el pasado jueves.
Algunos analistas consideran que los gestos de Cuba y Venezuela son sólo un paréntesis en las relaciones diplomáticas con Panamá.
La presidenta Moscoso concluirá su mandato el próximo 1º de septiembre, y asumirá el poder Martín Torrijos, un político de izquierda que cuenta con la simpatía de los mandatarios de Cuba y Venezuela.
Torrijos se había opuesto a los indultos y dijo que al asumir el gobierno intentará reestablecer las relaciones con Cuba lo antes posible.
Moscoso indultó el pasado miércoles a Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez.
Estos hombres fueron detenidos en Panamá el 17 de noviembre de
2000, después de que Fidel Castro denunciase que planeaban atentar
contra su vida durante la X Cumbre Iberoamericana.
Un tribunal condenó a Posada y Jiménez a ocho años de cárcel y a Remón y Novo a siete, por delitos contra la seguridad colectiva y falsificación de documentos.