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Jueves, 26 de agosto de 2004 - 23:14 GMT
AI: "En Perú, falta voluntad política"
Marcelo Risi
Marcelo Risi
BBC Mundo, Madrid

A un año de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en Perú (CVR), la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) critica los lentos avances en esclarecer los crímenes cometidos y reclama un Plan Nacional de Derechos Humanos para acabar con las consecuencias del conflicto interno.

Nuría García, investigadora de Amnistía Internacional para Perú.
AI nota una ausencia de "voluntad política de otorgar los recursos necesarios para el trabajo".

En un nuevo informe lanzado este jueves en Madrid, AI insta al gobierno de Alejandro Toledo poner en marcha "medidas concretas para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y para acabar con la impunidad y la discriminación en el país".

La CVR se creó en 2001 para esclarecer las circunstancias que rodearon los abusos y violaciones de DD.HH. cometidos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, tanto por Sendero Luminoso y el MRTA, como por el Estado peruano.

Asimismo, la CVR debía desarrollar propuestas para reparar a las víctimas, y proponer medidas y reformas con el fin de evitar que tales hechos vuelvan a repetirse.

Algunos avances

Aunque AI reconoce que en el último año se han producido "ciertos avances y esfuerzos para subsanar las condiciones" descritas por la CVR, todavía queda mucho por hacer.

Foto de una muestra organizada por la Comisión de la Verdad en Perú.
A un año del informe de la Comisión de la Verdad, aún quedan temas pendientes.

Según el Informe Final de la CVR, más de 69.000 personas fallecieron o "desaparecieron" durante el conflicto interno armado en Perú.

La mayoría eran de origen indígena o campesino en situación de pobreza o extrema pobreza.

El informe constata que "la discriminación racial y de género influyó en que esas violaciones se cometieran con impunidad durante años y no fueran denunciadas por la opinión pública".

Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional, elogia por ejemplo el anuncio del presidente Alejandro Toledo de un programa de desarrollo por US$800 millones, o bien "la creación de fiscalías especializadas en investigación de la violación de DD.HH.".

En este sentido, este miércoles se anunció en Lima que parte de los presupuestos de los ministerios vinculados a labores sociales se dedicarán a la reparación de las víctimas.

Justicia deficiente

Al mismo tiempo, se critican los escasos avances de la justicia.

AI identificó 43 casos ante la Fiscalia de la Nación, "pero sólo tres de estos violadores de los DD.HH. han sido llevados ante la justicia", lamenta Nuria García.

Asimismo esta investigadora critica que los crímenes de lesa humanidad "aún se transfieren a tribunales militares".

Por lo tanto, AI concluye que, a pesar de las buenas intenciones del gobierno, se nota una ausencia de "voluntad política de otorgar los recursos necesarios para el trabajo" recomendado por la CVR.

La organización recomienda que "Alejandro Toledo ponga en práctica un plan nacional de DD.HH. que garantice el avance en el combate de la discriminación racial y de género", subrayó García en declaraciones BBC Mundo, ya que "fueron factores fundamentales en el abuso de campesinos e indígenas".

Mirando al futuro

Los defensores de los DD.HH. también exigen que se "acabe con la impunidad que se registra en el presente, como las torturas a manos de la policía", exige García.

Asimismo, Amnistía Internacional pedirá que países que donaron fondos para apoyar la CVR, hagan su propio seguimiento para corroborar los logros.

Nuria García no habla de las versiones de malversación de los fondos donados por los gobiernos de la Unión Europea, Suiza, Canadá y EE.UU., pero anuncia que AI se pondrá en contacto con las instancias correspondientes para que, por su parte, investiguen "por qué los avances no han sido los esperados".

Un primer paso será aclarar por qué el gobierno peruano no ha difundido las conclusiones de la CVR dentro del propio país, ya que "la verdad debe ser conocida por los peruanos y ser parte de la historia del Perú", exige Nuria García.

A un año del informe de la CVR, AI lamenta los avances lentos "que contrastan con los compromisos mencionados por (el presidente) Toledo y su gobierno para esclarecer crímenes después de un período de 20 años donde los DD.HH. fueron extensamente violados".



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