EE.UU. ignoró una medida cautelar de la Corte Internacional en un caso parecido en 1999.
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Texas y Oklahoma, los dos estados que más aplican la pena capital, descalificaron la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), que ordena revisar 51 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos.
Oklahoma señaló que mantendrá la fecha de ejecución de Osvaldo Torres
Aguilera, para el próximo 18 de mayo, argumentando que la CIJ no tiene jurisdicción sobre sus sistemas de justicia.
En una declaración escrita, el procurador general de Oklahoma, Drew
Edmondson, señaló que "el señor Torres está programado para ser ejecutado el 18 de mayo y esta oficina está lista para responder a cualquier intento de retrasar la justicia".
En un fallo dado a conocer el miércoles, la CIJ acusó a los EE.UU. de haber violado las obligaciones de la Convención de Viena al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática "sin retraso" tras su detención.
Sentencia insuficiente
La Corte pidió la revisión de estos casos, pero Edmondson señaló que esta sentencia "no es suficiente" para garantizar un nuevo juicio.
"Está en manos del señor Torres convencer a una corte de que la ayuda del gobierno mexicano podría haber cambiado el resultado de su juicio", precisó el procurador.
"México ha sabido del caso de Torres desde marzo de 1996, incluso antes de su apelación directa ante la Corte de Apelaciones Criminales de
Oklahoma... En ocho años, México no ha interpuesto ninguna reclamación de perjuicio", explicó el procurador.
Los abogados de Torres sin embargo aseguran que la suerte de su cliente podría haber sido distinta si el acusado hubiera tenido la ayuda consular durante la última apelación ante la Corte Suprema.
Torres Aguilera, de 28 años de edad y originario de Nuevo León, fue sentenciado a la pena de muerte en 1993 por el homicidio de María Yáñez, de 35 años, y de su esposo Francisco Morales, de 38, durante un robo a su domicilio.
Según sus abogados, Torres nunca fue notificado que tenía derecho a recibir asistencia legal de su país y tampoco se informó al gobierno mexicano sobre su situación hasta después de su condena.
Texas
Por su parte, el gobernador de Texas, Rick Perry, rechazó acatar el fallo emitido por la Corte Internacional de La Haya, Holanda, porque ese tribunal "no tiene jurisdicción en Texas".
En Texas hay 16 mexicanos cuyos casos fueron estudiados por la CIJ.
"Como gobernador, la única voluntad que estoy obligado a acatar es la de los ciudadanos de Texas", dijo Perry en una declaración emitida a través de su encargado de prensa, Robert Black.
El gobernador reiteró que en los casos de pena de muerte "sólo se acatarán las leyes estatales y las decisiones de las cortes estadounidenses".
Silencio
Mientras tanto, no se ha dado una respuesta oficial del Estado.
En Washington, el vocero del Departamento de Estado, Adam Ereli, dijo que están "analizando" el dictamen.
En ocasiones anteriores EE.UU. alegó que los casos que involucran a mexicanos sentenciados a muerte corresponden a la soberanía del país.
Sea como sea, está no sería la primera vez que se ejecuta una pena de muerte a pesar de las decisiones de la Corte Internacional, aunque se suponen que estos fallos son de acatamiento obligatorio porque EE.UU. firmó la Convención de Viena.
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Está en manos del señor Torres convencer a una corte de que la ayuda del gobierno mexicano podría haber cambiado el resultado de su juicio
