El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, obligó a los televidentes de canales nacionales "por cable" a verlo y escucharlo, al ordenarles retransmitir sus cadenas obligatorias de radio y televisión.
Muchos venezolanos evitaban las cadenas suscribiéndose a la TV por cable.
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La medida excluye a los canales de televisión no venezolanos, y únicamente alcanza a los nacionales que emiten su señal en el paquete de las compañías de cable.
"Estamos conscientes de que la televisión por suscripción (internacional) es distinta. Nuestra competencia está restringida a la radio y televisión nacional", aclaró el director de la oficina estatal de Telecomunicaciones, Alvin Lezama.
La medida agrega que para el inmediato enlace obligatorio basta que el canal estatal ponga "al aire" el cintillo respectivo, y no que cada emisora espere a recibir la orden oficial respectiva, vía fax.
Confusión inicial
Lezama admitió que la decisión generó una confusión inicial por la sola mención en la regulación oficial a la televisión por suscripción.
"Lamento que el texto (de la regulación) no haya sido suficientemente claro", agregó al admitir que ello hizo creer que todos los canales debían plegarse a las largas y periódicas cadenas de Chávez.
Estas son prácticamente diarias y con mínimos de quince minutos y máximos que en algunas ocasiones alcanzaron varias horas.
Los canales privados, mayoritariamente identificados con la oposición a Chávez, quien llama a los cuatro principales "jinetes del Apocalipsis", han intentado impedir lo que denominan "abusos" presidenciales con el permanente uso de las cadenas.
Para ello han recurrido a organismos internacionales e incluso a los tribunales, pero sin lograr límites a las intervenciones presidenciales televisadas.
Poco antes del golpe de Estado fallido de abril de 2002, las emisoras privadas incluso "dividieron la pantalla en dos" durante una cadena, con Chávez en una mitad e imágenes propias en la otra.
Referendo entre pugna de poderes
La medida sobre el cable dividió el interés político nacional del lunes con la decisión de la Sala Electoral del Supremo de requerir al pleno del tribunal dirimir un "conflicto de funcionamiento" por diferencias con la Sala Constitucional, en el proceso hacia un referendo contra Chávez.
La Sala Electoral declaró "incompetente" la sentencia de la Sala Constitucional que le había ordenado abstenerse de cualquier medida sobre la consulta electoral.
Según estimaciones judiciales y políticas, los jueces de la Sala Electoral son proclives a la oposición y los de la Sala Constitucional al gobierno, y no está clara la correlación de fuerzas en el plenario.
El plenario dirimirá en la pugna, y hasta tanto el proceso hacia el referendo revocatorio del mandato de Chávez quedará paralizado, advirtieron portavoces del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El plenario decidirá en fecha no fijada si suma automáticamente más de 800.000 firmas a las 1,8 millones ya validadas a favor del referendo, que debe activarse si se certifican 2,4 millones de rúbricas legítimas.
También podría fallar a favor de que esas 800.000 firmas se sometan a una fase de reconfirmación individual, como lo había ordenado el CNE que las considera "dudosas".
De acuerdo al cronograma inicial del CNE, la incógnita sobre la celebración o no del referendo debería despejarse antes del 31 de marzo, pero con la pugna judicial ahora ni siquiera se tiene una fecha tentativa.
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