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Miércoles, 4 de agosto de 2004 - 22:55 GMT
El acuerdo y el fin del debate
Escribe: Luis Crespo
Luis Crespo
Bolivia

El convenio para exportar gas natural boliviano a través de Perú, que el presidente Carlos Mesa firmó con su colega peruano Alejandro Toledo este miércoles, parece haber puesto fin a un debate que ocasionó una violenta convulsión social en Bolivia el año pasado.

Indígenas bolivianos muestran cartel contra la venta del gas.
Miles de manifestantes rechazaron la posibilidad de vender gas a través de Chile.

La firma del acuerdo entre Perú y Bolivia es parte de una nueva política energética que Mesa puso en práctica tras ganar por una amplia mayoría un referendo sobre el destino de los hidrocarburos.

La victoria de Mesa hace menos de tres semanas en ese referendo disipó la posibilidad de conflictos sociales y le concedió la autoridad suficiente para tomar decisiones respecto a la forma en que se explotarán los 54 trillones de pies cúbicos de gas natural que posee Bolivia.

Los sondeos de opinión realizados por los medios de comunicación locales han mostrado que la mayoría de la población en Bolivia apoya la utilización de un puerto peruano para vender gas a mercados de Estados Unidos y México.

Otro acuerdo entre Bolivia y Perú, que impulsa un mercado común de ambos países, firmado ayer martes, también fue visto con simpatía por los ciudadanos.

Comparando situaciones

Esta aparente satisfacción respecto de los acuerdos con Perú contrasta con la situación del año pasado, cuando la opinión pública se había mostrado contraria al uso de un puerto chileno para exportar gas natural.

Presidente Alejandro Toledo (izq.) estrecha la mano con el presidente Carlos Mesa.
Otro acuerdo que impulsa el mercado común fue bien recibido por los bolivianos.

La polémica en esa ocasión consistía en que si era mejor exportar a través de Perú, a pesar de un mayor costo, o hacerlo a través de Chile, a pesar de que Bolivia mantiene un conflicto limítrofe con ese país.

El rechazo generalizado de los ciudadanos a que el gas boliviano sea vendido a través de Chile desembocó en una revuelta popular que expulsó de la presidencia de Bolivia al empresario Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese enfrentamiento entre los partidarios y los opositores de exportar el gas por Chile costó además la vida de unos 70 civiles y el bienestar de medio millar de heridos.

La oposición a que Chile se beneficie de alguna manera con la exportación de gas boliviano se debe a que Bolivia perdió su territorio sobre el océano Pacífico en una guerra contra ese país hace 125 años.

El uso de un puerto peruano como vía de exportación de gas significa un costo de entre US$300 y US$700 millones más que si se hiciese a través de territorio chileno. Sin embargo, hasta los opositores de Mesa coinciden en que es "políticamente inviable" realizar este negocio con la participación de Chile.

Sólo algunos sectores empresariales, organizaciones civiles y sindicatos radicales se han mostrado opuestos a exportar gas a través de Perú. Pero los analistas coinciden en que es difícil que estos sectores puedan mantener su posición en vista del voto favorable obtenido por Mesa en el referendo realizado el pasado 18 de julio.

Ley de Hidrocarburos

Policías en La Paz, Bolivia
La polémica sobre la venta de gas desencadenó enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Apoyado en esa votación, Mesa también anunció un proyecto de Ley de Hidrocarburos que incluye una serie de modificaciones que supuestamente expresan el resultado del referendo. Esta nueva ley prevé un aumento de impuestos a las transnacionales petroleras en Bolivia, además del fortalecimiento de la empresa estatal de hidrocarburos.

El gobierno dejó claro que las inversiones de las empresas extranjeras en el sector de hidrocarburos tienen garantizada su seguridad jurídica y no serán afectadas.

La nueva Ley de Hidrocarburos propuesta por Mesa debe ser aprobada en el parlamento, compuesto en su mayoría por los partidos políticos que apoyaron el gobierno del derrocado Sánchez de Lozada.

Desde esos sectores políticos, Mesa ha sido criticado por una supuesta actitud autoritaria que asumió en relación con el parlamento luego de conocidos los resultados del referendo, favorables al gobierno.



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