Una parlamentaria chilena dijo que la ley era un "triunfo para las mujeres más pobres".
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Como un hecho histórico calificó el gobierno chileno la aprobación en el Congreso de una ley de matrimonio civil que permite el divorcio.
El proyecto se discutió durante nueve años en el Parlamento, con la abierta oposición de la Iglesia Católica, que incluso financió anuncios televisivos en contra del proyecto.
Chile era uno de los pocos países en el mundo sin ley de divorcio, debido a normas que se remontaban a 1884. En el país el aborto todavía es ilegal y existen algunos canales de televisión que se niegan, hasta el día de hoy, a exhibir las campañas del gobierno que promueven el uso de preservativos para prevenir el SIDA.
Ejercicio democrático
El gobierno celebró la aprobación de la ley, que coincidió con el cuarto aniversario de la llegada al poder del mandatario socialista Ricardo Lagos.
Luis Bates, Ministro de Justicia, dijo que es un momento para celebrar "el enorme respeto, el ejercicio democrático que se hizo en un tema tan sensible como éste, que cruza intereses o valores de muchos sectores".
"Es un ejemplo al mundo de ejercicio democrático con tolerancia y con respeto", insistió Bates.
Por su parte, la diputada oficialista María Antonieta Saa, del Partido por la Democracia, PPD, dijo que la nueva ley es "un gran triunfo para la concertación y para las mujeres más pobres de Chile".
Un tema sensible
El diputado opositor Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, UDI, se mostró molesto por la celebración con banderas que hicieron algunas personas y aseguró que "me parece grotesco e insólito que se festine un tema tan doloroso y sensible como es el divorcio".
Algunos parlamentarios criticaron la aprobación del artículo que dará validez al matrimonio religioso, poniéndolo al mismo nivel del matrimonio civil, pues lo consideran un retroceso. Legalmente, la Iglesia y el Estado chileno se separaron en 1925.
Se estima que al menos un millón de personas podrán regularizar su situación conyugal, cuando la ley empiece a regir en septiembre. Se espera que dentro de un mes sea despachada definitivamente del Congreso.
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