Se hallaron trabajadores esclavos en haciendas de parlamentarios.
|
El 13 de febrero un grupo de fiscales del Ministerio del Trabajo rescató a 32 trabajadores en una hacienda ganadera ubicada en una localidad remota del selvático estado de Pará, al norte de Brasil.
Malnutridos y cansados, los campesinos denunciaron que los mantenían prisioneros, sin recibir salarios, y les descontaban de una eventual paga los equipamientos que necesitaban para trabajar.
Sus dormitorios eran chozas de paja, en las que las hamacas colgaban al lado de la fogata con que cocinaban sus alimentos. Baños, ni hablar; descanso, jamás.
Al preguntar quién era el dueño de la hacienda, los fiscales descubrieron con sorpresa que se trataba del senador Joao Ribeiro, uno de los más activos defensores de los derechos de los trabajadores en el Congreso Nacional.
Ribeiro alegó desconocer la situación de los trabajadores y dijo que las acusaciones eran producto de una "persecución política".
El mismo argumento usaron los cuatro parlamentarios que en los últimos meses fueron denunciados por tener en sus propiedades a trabajadores en condiciones de esclavitud.
Impunidad
Senadores, diputados, empresarios y terratenientes han sido cómplices del terrible drama de la esclavitud moderna en Brasil, donde se estima que entre 50.000 y 200.000 personas trabajan bajo coacción y sin recibir dinero a cambio.
La pobreza extrema y la impunidad se unen para perpetuar la esclavitud en Brasil, oficialmente abolida en 1888.
En el campo, en explotaciones agrícolas y ganaderas, o en la ciudad, en el mundo de la prostitución, los esclavistas modernos de Brasil sacan provecho de los más necesitados.
"Es una vergüenza, pero lamentablemente aún tenemos esclavitud; debemos meter en la cárcel a los empresarios que aún no saben que acabó la esclavitud en Brasil", dijo la semana pasada el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su alocución radial semanal "Café con el presidente".
Sin embargo, se requiere más que la voluntad presidencial para erradicar el problema en Brasil, un país donde 50 millones de personas viven en la pobreza más absoluta y en donde esa desprotección los sirve en bandeja a los esclavistas modernos.
Dificultades
Fiscales que investigan con pocos recursos, penas de cárcel que nunca son aplicadas y multas constituyen el castigo que la ley brasileña contempla contra quienes son descubiertos in fraganti obligando a otros a trabajar sin recibir dinero, en total desamparo legal.
El gobierno brasileño admitió oficialmente la persistencia del trabajo esclavo en su territorio en 1995.
Entonces -durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso- se crearon las fiscalizaciones laborales itinerantes, porque el aislamiento geográfico es el gran cómplice de la mayoría de los esclavistas.
Sin embargo, en los últimos días los fiscales laborales han protestado en varias ciudades porque temen seguir con sus investigaciones en zonas rurales.
A fines de enero, cuatro fiscales fueron baleados en un área rural del estado de Minas Gerais, a pocos kilómetros de la capital del país, Brasilia.
La Policía Federal estima que los funcionarios perdieron la vida porque sus investigaciones comprometían intereses de hacendados de la zona, si bien aún no se ha descubierto a los autores del crimen.
Tras la muerte de los funcionarios, el tema de trabajo esclavo saltó a los primeros lugares de la agenda nacional.
Como reacción, el gobierno de Lula da Silva prometió aumentar la fiscalización laboral y dotar de protección policial a los funcionarios a cargo de investigar las denuncias.
"Pero la fiscalización laboral no basta, porque quien incurre en delito paga una multa y vuelve a aprovecharse del trabajo esclavo", advierte Nilmario Miranda, secretario nacional de Derechos Humanos.
"Tenemos que actuar integralmente en los 160 municipios desde donde vienen los esclavos y distribuir allí subsidios, alfabetización, microcréditos, para que las personas no se aventuren a caer en manos de los esclavistas", añade.