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Jueves, 15 de enero de 2004 - 19:55 GMT
Demanda contra gigante automotriz
Las Madres de la Plaza de Mayo
La planta de la empresa contaba con una activa asociación gremial independiente.

El consorcio Daimler-Chrysler (antes Mercedes Benz) fue acusado de ser cómplice en el abuso de los derechos humanos en Argentina, a finales de la década de los 70.

Un grupo de argentinos que fueron víctimas de la llamada "guerra sucia" del país contra activistas de izquierda, demandaron al gigante automotriz en un tribunal estadounidense.

Según la acción legal, los gerentes de la planta de Mercedes Benz en Buenos Aires fueron cómplices en el secuestro, tortura y asesinatos de miembros del sindicato.

La demanda se produce luego de que una investigación interna ordenada por Daimler-Chrysler no encontró pruebas que incriminaran a un directivo de la empresa en la muerte de sindicalistas.

Ataque a la izquierda

A Daimler-Chrysler se le acusa de usar la turbulenta situación política argentina para sacar provecho propio.

Mercedes-Benz Buenos Aires
La planta de la empresa en Buenos Aires era un sindicalismo.

El gobierno militar que estuvo al frente del país entre 1976-83 reprimió a activistas de izquierda, periodistas e intelectuales.

Según la demanda introducida, la empresa utilizó la campaña como pretexto para intimidar a los sindicalistas de la planta de Buenos Aires, permitiendo que las fuerzas de seguridad del país tuviesen luz verde para agredir a los trabajadores.

Daimler-Chrysler comisionó una investigación sobre el tema el año pasado, encabezada por el profesor de derecho, Christian Tomuschat.

Su informe, que fue publicado el mes pasado, exoneró de responsabilidad a la firma.

Tribunal de último recurso

La demanda fue introducida bajo un oscuro y complejo aspecto de una ley que data de 1789.

La ley permite el acceso a los tribunales estadounidenses de víctimas de injusticias de todo el mundo.

Varias procesos, basándose en esta ley, están actualmente en marcha, incluyendo demandas contra las petroleras Unocal, Exxon-Mobil y Chevron-Texaco.

El año pasado un grupo de fabricantes de prendas de vestir pagó US$20 millones para resolver una demanda por abusos de los derechos de los trabajadores de la isla de Saipán.

Hasta ahora, sin embargo, ningún caso ha sido llevado a juicio y muchos expertos legales se niegan a considerar que la ley convierte en la práctica a Estados Unidos en un tribunal de derechos humanos para el mundo.



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