Secuestro en Guatemala

La policía y el ejército cercan la zona donde están los secuestrados.

Un grupo de ex paramilitares en Guatemala amenazó con matar a cuatro periodistas y un activista de derechos humanos que mantiene secuestrados en la comunidad de La Libertad, en el departamento de Huehuetenango.

Los miembros de las disueltas Patrullas de la Autodefensa Civil (PAC) exigen el pago de una compensación ofrecida por el gobierno guatemalteco por su colaboración con el ejército durante la guerra civil.

Los periodistas del diario Prensa Libre Emerson Díaz y Fredy López y un activista de derechos humanos fueron capturados cuando se dirigían a cubrir un mitín electoral del candidato a la presidencia José Efraín Ríos Montt.

Horas después, el grupo retuvo a los periodistas de la misma publicación Alberto Ramírez y Mario Linares -quien también trabaja como fotógrafo de la agencia de noticias Reuters- cuando se dirigieron al lugar en helicóptero en un intento por liberarlos.

Negociación

Emerson Díaz, fotógrafo secuestrado.

El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALD), Frank La Rue, el procurador para los Derechos Humanos, Sergio Morales, y el director de diario Prensa Libre, Gonzalo Marroquín, viajaron a La Libertad para negociar la liberación de los rehenes.

Un fuerte contingente militar y un grupo de agentes de la unidad antidisturbios de la Policía Nacional Civil se han apostado a un kilómetro del lugar donde los ex paramilitares mantienen a los secuestrados.

Los ex miembros de las PAC exigen desde hace meses el pago de una compensación económica ofrecida por el presidente Alfonso Portillo por ayudar al ejército a combatir la guerrilla izquierdista durante una guerra civil que duró 36 años.

Los ex paramilitares han indicado que no liberarán a los rehenes hasta que el gobernador acuda al lugar a entregarles el dinero.

Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, declaró a la BBC su "alarma por la actitud pasiva del gobierno, que no asume la responsabilidad política de resolver un problema que él mismo creó".

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al presidente Portillo a intervenir para poner fin al secuestro.

La secretaria de la Paz, Catalina Soberanis, dijo: "Tenemos un calendario de pago y en la mayor parte del departamento de Huehuetenango ya se ha cubierto la primera parte del pago. El gobierno no está en posibilidad de pagarlo todo".