El nuevo mandatario de Bolivia, Carlos Mesa, se mostró partidario de investigar y aclarar quienes son los
responsables de la violencia estatal que causó la muerte de 74 manifestantes e indignó y movilizó a la población al punto de obligar a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a la presidencia.
"Ni olvido ni venganza: justicia", le ofreció Mesa a los bolivianos.
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El primer contacto de Mesa con la población, en su calidad de presidente, este sábado, fue una ceremonia de homenaje a los muertos ocasionados por la represión militar y policial a protestas ocurridas en Bolivia en el transcurso de los pasados siete días.
"Ni olvido ni venganza: justicia", dijo Mesa a los vecinos que hasta el pasado viernes protagonizaron multitudinarias manifestaciones con las que consiguieron la dimisión de Sánchez de Lozada.
Las protestas -que incluyeron bloqueos de carreteras
que aislaron y paralizaron durante una semana a la sede de gobierno y luego se extendieron a otras cuatro ciudades- comenzaron como rechazo a un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y México.
Pero las muertes causadas por los disparos efectuados
por militares y policías contra los vecinos que expresaban su descontento por la futura venta de gas hizo que la renuncia de Sánchez de Lozada se convirtiera en la exigencia principal de los manifestantes.
El presidente Mesa dejó en claro que es atribución del Congreso establecer la responsabilidad de Sánchez de
Lozada y sus colaboradores por la violencia estatal desencadenada contra manifestantes.
Mesa, quien era el vice presidente, le retiró el apoyo a Sánchez de Lozada.
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Mesa, en su calidad de vicepresidente, le había retirado su apoyo a Sánchez de Lozada en repudio a la sangrienta represión contra los vecinos de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
En contraposición al uso represivo del ejército y la policía que hizo Sánchez de Lozada, en el discurso con que asumió la presidencia, Mesa aseguró el pasado viernes, que una de las bases de su gobierno sería "el respeto a la vida y los derechos humanos".
El Movimiento al Socialismo, cuyo jefe es el diputado y líder sindical Evo Morales, ya anunció que su partido -la segunda fuerza parlamentaria- plantearía un juicio de responsabilidades contra el ex mandatario y sus ministros.
Durante los 14 meses en que Sánchez de Lozada ejerció la presidencia, murieron 134 personas durante conflictos sociales, el más grave de los cuales ocurrió en febrero pasado.
A los manifestantes los recibieron con refrescos y helados en El Alto.
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En esa ocasión, el intento del entonces presidente Sánchez de Lozada de imponer un impuesto a los salarios provocó un motín de la policía que se ganó la simpatía de la población.
El motín policial derivó en una balacera contra el ejército a las puertas del palacio de gobierno, en que murieron cuatro militares, 11 policías y 21 civiles.
Sólo dos ex presidentes han sido juzgados en el pasado por sus actos durante su mandato.
En 1980, en el parlamento boliviano, con el impulso del diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, se instaló un juicio de responsabilidades contra el general Hugo Banzer, por actos cometidos en su gobierno de facto entre 1971 y 1978.
Ese juicio no concluyó, pues el parlamento fue cerrado a causa de un golpe de Estado militar perpetrado por el general Luis García Meza.
El diputado Quiroga Santa Cruz fue asesinado en el primer
día de la asonada militar que instaló una dictadura
presidida por García Meza.
El ex presidente Sánchez de Lozada, se refugió en EE.UU.
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El general García Meza fue juzgado posteriormente ante
la Corte Suprema de Justicia y sentenciado a 30 años
de prisión sin derecho a indulto, condena que actualmente cumple en Chonchocoro, un penal de alta seguridad.
Sánchez de Lozada, cuyo apodo popular es Goni, salió
precipitadamente del país el pasado viernes y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Una de las consignas que la multitud coreaba durante las manifestaciones era "¡Goni, te espera Chonchocoro!".
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