Una propuesta del gobierno boliviano para intentar aplacar las protestas en cinco ciudades del país ha sido rechazada por líderes sindicales y de la oposición política, que anunciaron la continuación de bloqueos de carreteras y movilizaciones hasta que renuncie el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
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El gobierno considera que las protestas están motivadas por intereses políticos.
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El mandatario, acompañado de los dos jefes de los partidos políticos de la coalición, dijo que acepta instituir la Asamblea Constituyente, revisar la Ley de Hidrocarburos y convocar a un referéndum para decidir la política de exportación de gas.
Sánchez de Lozada indicó que su proposición buscaba "preservar la democracia" ante el peligro de desintegración del país a causa de movimientos anarquistas.
El presidente había denunciado en días pasados que las
protestas eran parte de un golpe de Estado en su contra.
El mandatario también ha asegurado que si las protestas continúan luego de conocidas estas medidas destinadas a devolver la tranquilidad al país, será una señal de que ellas son promovidas por intereses políticos.
Entretanto, el vicepresidente boliviano, Carlos Mesa, dijo que no servirá "de bandera de ningún grupo" en momentos en que la oposición le ha sugerido que ocupe la presidencia del país en reemplazo de Sánchez de Lozada.
Mesa, un político independiente, retiró su apoyo al mandatario, aunque se mantiene como vicepresidente.
Carlos Mesa declaró: "Quiero decir enfáticamente que no estoy dispuesto a servir como instrumento en un proceso creciente y peligroso de polarizaciones de la sociedad boliviana".
"Carnicería"
Los diputados y líderes indígenas Evo Morales y Felipe Quispe, dijeron que las medidas oficiales son insuficientes para reparar las 68 muertes que causaron el ejército y la policía entre los vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto durante protestas que rechazaban un proyecto de exportación de
gas natural a Estados Unidos y México.
Los dos influyentes dirigentes sindicales, que también son jefes de partidos políticos, afirmaron que sólo la renuncia de Sánchez de Lozada puede contribuir al cese de las protestas, porque responsabilizan al mandatario de lo que calificaron de "masacre" y "carnicería" de los manifestantes.
La ex defensora del pueblo, Ana María Romero, que impulsó la instalación de una huelga de hambre este miércoles para pedir la dimisión de Sánchez de Lozada, dijo que "estas medidas podían haberse tomado antes, pero vienen tardíamente. Quizá son las que corresponden, pero vienen precedidas de 68
muertes".
Para la oposición, ya nada puede ser lo mismo tras 68 muertos.
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Estos planteamientos del gobierno se anunciaron en momentos en que los vecinos de una alejada zona de la ciudad de El Alto denunciaban a través de medios de comunicación la movilización de tropas militares en las calles de sus barrios en medio del sonido de disparos.
Evo Morales, diputado y dirigente de los productores de coca de Chapare, en el centro de Bolivia, insistió en que sólo la renuncia de Sánchez de Lozada logrará la pacificación del país.
Por su parte, Felipe Quispe, líder de los indígenas aimaras del altiplano cercano a La Paz, afirmó que "la sangre de nuestros hermanos es sagrada y no se negocia" y aseguró que los bloqueos de carreteras no serán levantados si no renuncia el mandatario.
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Quiero decir enfáticamente que no estoy dispuesto a servir como instrumento en un proceso creciente y peligroso de polarizaciones de la sociedad boliviana
