Aproximadamente medio centenar de personas se
declararon en huelga de hambre en Bolivia para exigir que asuma el mando de la nación el vicepresidente
de la República en reemplazo del actual mandatario,
Gonzalo Sánchez de Lozada.
Escena en una calle turística de La Paz tras las marchas del miércoles.
|
La ex defensora del pueblo encabeza a este grupo de representantes de la Iglesia Católica, intelectuales, artistas y profesionales que reclaman "el cese inmediato de toda acción represiva por parte del gobierno contra el pueblo" y convocan a los ciudadanos a masificar el ayuno.
Ana María Romero se ganó el respeto y simpatía de la
población durante su gestión como Defensora del
Pueblo, cargo que ejerció hasta hace siete meses y
desde el cual contribuyó a la solución de graves
conflictos sociales.
Aumenta el número de víctimas
Dos mineros murieron y 15 personas resultaron heridas
este miércoles cuando el ejército dispersó una marcha
obrera en una población cercana a la sede de gobierno,
que está totalmente paralizada hace cinco días y
aislada del resto del país.
Miles de manifestantes salieron a las calles de La Paz a pedir la renuncia del presidente.
|
Las dos víctimas se suman a las 54 muertes ocurridas entre el lunes y el domingo durante protestas efectuadas por vecinos de La Paz y El Alto que rechazaban un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos y México.
El total de muertos es de 65 desde que comenzaron las
protestas de diversos sectores, hace cuatro semanas, y
la violencia ejercida por el gobierno ha hecho que organizaciones vecinales, sindicatos y opositores políticos insten ahora por la renuncia de Sánchez de Lozada.
El mandatario aseguró que no renunciaría y acusó a la oposición política de planear un golpe de estado en su contra con apoyo extranjero y afirmó que las protestas eran parte de la conspiración en su contra.
Como rechazo a violencia aplicada por el ejército y la policía desde que se intensificaron las protestas, hace una semana, el vicepresidente de Bolivia, Carlos Mesa, le retiró su apoyo a Sánchez de Lozada, renunció el ministro de Desarrollo Económico y los alcaldes de La Paz y El Alto exigieron la dimisión del mandatario.
Combustible, alimentos y libertad de expresión
Este miércoles, luego de una tregua que duró sólo 24 horas, se reanudaron las protestas, pero esta vez no sólo en La Paz y El Alto, sino también en las ciudades de Sucre, Potosí, Oruro y Cochabamba, sin incidentes excesivamente violentos ni víctimas fatales.
El ejército protege el palacio gubernamental en la Plaza Murillo de La Paz.
|
Aunque el ministro de Salud, Javier Tórrez Goitia, aseguró que es normal el abastecimiento de combustible y de alimentos, la población sufre ya la escasez de gas licuado de uso doméstico y las tiendas y mercados agotaron casi totalmente sus suministros.
A pesar de el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, garantizó la libertad de prensa, en la ciudad de Oruro, la radioemisora Pío XII sufrió un atentado con explosivos que interrumpió sus emisiones, según una denuncia de la Confederación de Prensa de Bolivia.
El atentado ocurrió en momentos en que Radio Pio XII transmitía las protestas de estudiantes universitarios que eran reprimidos por la policía. Otras tres redes de televisión y una cadena radial denunciaron públicamente amenazas anónimas para que dejen de informar acerca de los sucesos en La Paz y El Alto.
Envíe esta nota por e-mail
Imprima esta nota
