La manifiesta intención del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de conservar su mandato contrapuesta a la cada vez más extendida exigencia de que renuncie amenaza con desatar más violencia en Bolivia.
Los manifestantes quieren que el gas se procese en Bolivia.
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Los cuestionamientos a la autoridad de Sánchez de Lozada han partido también del seno del gobierno ya que este lunes el vicepresidente Carlos Mesa le retiró su apoyo al primer mandatario.
Mesa no renunció pero confirmó su separación del ejecutivo porque, según dijo, no está de acuerdo con la violencia que el gobierno está ejerciendo contra manifestaciones de protesta desde hace cinco días.
La acción conjunta de la policía y el ejército contra vecinos de la ciudad de El Alto, contigua a la sede de gobierno, ha ocasionado la muerte de 25 civiles y un soldado el domingo pasado, además de 94 heridos.
Durante este lunes han continuado los disturbios y los informes de diversos hospitales hablan de, por lo menos, otros 13 muertos y más de 50 heridos.
En La Paz ya no es posible el acceso a los alimentos y combustible de uso doméstico ni gasolina
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No es posible confirmar completamente estos datos pues La Paz ha quedado completamente paralizada este lunes.
Sólo las ambulancias que trasladan heridos o muertos circulan con mucha dificultad por las calles de La Paz y El Alto.
En ambas ciudades ya no es posible el acceso a los alimentos y combustible de uso doméstico y gasolina.
El aislamiento de la sede de gobierno es total debido a bloqueos de los accesos a las carreteras y a la suspensión del tráfico aéreo.
La población de La Paz vive un ambiente de intranquilidad que comienza a transformarse en miedo ante la posibilidad del agravamiento de la violencia.
Los enfrentamientos con la fuerza pública han cobrado la vida de más de 25 personas.
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Esta intranquilidad se consolidó luego de ser difundidos los pedidos de renuncia del presidente por parte de organizaciones campesinas, sindicatos, organizaciones vecinales e inclusive los alcaldes de El Alto y La Paz.
La negociación entre el gobierno y los sectores en conflicto ha sido imposible hasta el momento y no hay perspectivas de que pueda entablarse algún tipo de diálogo.
Representantes de la iglesia católica y organizaciones humanitarias fracasaron el domingo en sus esfuerzos por mediar entre el gobierno y los dirigentes de los manifestantes.
Los habitantes de El Alto y barrios periféricos de La Paz efectuaron protestas en el centro de la sede de gobierno este lunes y levantaron barricadas en numerosas esquinas de muchos distritos de la urbe.
Al terminar la tarde continuaban los disturbios en algunos barrios y no era posible saber si los bloqueadores permanecerían en sus barricadas durante la noche.
Golpe de Estado
Barbara Quispe llora por su primo Víctor Tokina pues el ejército le disparó en El Alto.
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El dirigente campesino Felipe Quispe, líder de los indígenas aimaras que habitan el altiplano cercano a La Paz, ha manifestado que sus bases están dispuestas a tomar el poder político en Bolivia y descartó cualquier diálogo con Sánchez de Lozada.
Evo Morales, el jefe de la oposición política y líder de los productores de coca, junto a varias organizaciones políticas anunció bloqueos de la principal carretera del país y otras movilizaciones hasta conseguir la renuncia del primer mandatario.
Morales ha sido el blanco de las acusaciones de Sánchez de Lozada en el sentido de que el diputado y líder sindical ha planeado un golpe de Estado con financiamiento extranjero.
La convulsión social en El Alto es parte de esta conspiración, según la versión gubernamental.
Los graves acontecimientos de los últimos cinco días son la continuación de cuatro semanas de continuas protestas que se originaron en el rechazo a un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos y México a través de territorio chileno.
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La situación actual no se debe al gas, éste es apenas un detonante. La pobreza es muy grande, el desempleo real llega al 40%.
