La mayoría de habitantes de El Alto enfrenta precarias condiciones de vida.
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El intento del gobierno boliviano de controlar
militarmente la ciudad de El Alto y superar el
aislamiento de la sede de gobierno, quedó frustrado
este domingo, cuando murieron varios civiles y un soldado
durante protestas que todavía continuaban al finalizar
el día.
En la madrugada del lunes, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, anunció un decreto que reafirma que aún no se ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno, que se ha convertido en el foco de las manifestaciones.
En rueda de prensa, el mandatario boliviano recalcó que sólo se tomará una decisión después de un proceso de consulta con todos los sectores, que culminará el 31 de diciembre.
El conflicto de la ciudad de El Alto, ciudad aledaña a
la sede de gobierno, amenaza extenderse este lunes a
causa de la convocatoria a bloqueos campesinos de la
principal carretera que comunica el oriente y el
occidente de Bolivia.
Además ha sido declarado un paro indefinido de
transporte público en La Paz, que sufre por tercer día
la escasez de gasolina, de gas licuado de uso
doméstico y de alimentos como consecuencia de la
interrupción de las comunicaciones terrestres y aéreas
con el resto del país.
El vocero presidencial, Mauricio Antezana, sólo
admitió la muerte de cuatro vecinos de El Alto y un
soldado, pero los informes de organizaciones de
defensa de derechos humanos y directores de varios
hospitales y centros médicos dieron a conocer los
nombres de 25 civiles muertos y por lo menos 94
heridos.
Mutuas acusaciones
El gobierno acusa a Evo Morales de un intento de golpe.
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La violencia en El Alto se desató el pasado miércoles,
al comenzar un paro indefinido convocado por
organizaciones vecinales que se oponen a la venta de
gas natural boliviano a Estados Unidos y México.
Durante las pasadas cuatro semanas, el rechazo a la
exportación de gas ya había provocado cortes de ruta y
masivas marchas callejeras convocadas por
organizaciones cívicas, sindicatos y la oposición
política al gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada.
Tras cinco días de disturbios, el total de muertes se
eleva a 29, pues el pasado jueves fallecieron dos
personas y el sábado otras dos.
Según una denuncia del gobierno, los acontecimientos
de El Alto son parte de un intento de golpe de estado
liderado por el diputado Evo Morales, caudillo de los productores de coca y jefe de la oposición política.
Morales acusa a su vez al gobierno de estar planeando un "autogolpe" que permita acabar con los opositores y ratificó su convocatoria a cortes de ruta que ejecutarán los productores de coca, que en numerosas ocasiones han protagonizado duros enfrentamientos contra el ejército y la policía, con resultados de muertos y heridos.
Sin mediación
Al menos 29 personas han muerto durante cinco días de disturbios.
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Una posible negociación entre autoridades del ejecutivo y los vecinos movilizados contra el gobierno se frustró este domingo, cuando la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y representantes de la Iglesia Católica manifestaron la imposibilidad de ejercer de mediadores en circunstancias en que el ejército efectúa lo que ellos calificaron de "masacre".
Imágenes difundidas por la red de televisión Cadena A mostraron que el ejército utilizó ametralladoras pesadas para disparar contra las casas de un vecindario cuyos habitantes intentaban impedir el paso de una caravana de vehículos que transportaba combustible hacia La Paz.
El alcalde de la ciudad de El Alto, José Luis Paredes, manifestó su criterio de que el presidente de la república debería responsabilizarse por las muertes ocurridas y renunciar a su mandato.
Los habitantes de esa ciudad, en su mayoría inmigrantes del área rural y que enfrentan muy precarias condiciones de vida, expresaron también su exigencia de que renuncie el mandatario, pues lo consideran culpable de la violencia con que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado en su intento por restablecer la normalidad de actividades.
Las protestas en El Alto ocurren tras cuatro semanas
de constantes medidas de presión contra el ejecutivo,
que incluyeron bloqueos de carreteras en algunas
regiones del altiplano cercano a la sede de gobierno.
El pasado 20 de septiembre murieron cuatro indígenas
aimaras y un soldado, al enfrentarse a las fuerzas
combinadas del ejército y la policía, durante un
rescate de medio millar de viajeros atrapados por un
bloqueo en una pequeña población del altiplano, a unos
180 kilómetros al noroeste de La Paz.
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