Los manifestantes exigieron que los responsables sean llevados a juicio.
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En la ciudad de México, las marchas conmemorativas del 35 aniversario de la matanza de Tlatelolco se transformaron en violentos disturbios, que dejaron 6 lesionados y alrededor de 75 detenidos.
Las diferentes marchas coincidieron en la noche en la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo capitalino, el cual estaba vigilado por centenares de policías.
El 2 de octubre de 1968, en la plaza de Las Tres Culturas en Tlatelolco, las autoridades aplastaron una manifestación de estudiantes que, según las cifras oficiales dejó alrededor de 30 muertos, aunque según organizaciones de derechos humanos fueron 300.
Las cifras de organizaciones de DD.HH. señalan alrededor de 300 muertos.
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El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien gobernó entre 1964 y 1970, asumió la responsabilidad política e histórica unos días después de los hechos.
En este 35 aniversario , mediante un comunicado, la Presidencia de la República señaló que con ocasión del aniversario "de los lamentables sucesos en la Plaza de las Tres Culturas, recordar el 2 de octubre es reafirmar que el poder del Estado sirve para preservar las libertades y derechos de los ciudadanos, no para enfrentar a la sociedad".
El gobierno del presidente Vicente Fox reiteró su compromiso con el conocimiento de la verdad histórica sobre la matanza de Tlatelolco y afirmó que con ese fin se pusieron a disposición de los ciudadanos los archivos relacionados con estos hechos.
La investigación
Para investigar y esclarecer la responsabilidad legal de los hechos se estableció una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Los familiares de las víctimas piden que se investigue al ex presidente Luis Echeverría.
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El fiscal especial, Ignacio Carrillo, llamó el año pasado a declarar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien era secretario de Gobernación en 1968, y al general en retiro Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial en ese año, sin embargo ambos se acogieron al derecho constitucional que les permite abstenerse de declarar en su contra.
Hasta el momento la Fiscalía Especial no ha arrestado a nadie, por los que existe gran escepticismo por parte de los familiares de las víctimas y en general de la sociedad civil, de que algún día se esclarezcan los hechos.
Por su parte el grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch pidió, en fecha reciente, al presidente Fox otorgar mayor apoyo a la Fiscalía Especial para que el castigo a los crímenes del pasado no se quede en una promesa de campaña incumplida.
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