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Miércoles, 1 de octubre de 2003 - 03:56 GMT
Argentina: fallo controversial
José Baig, corresponsal de la BBC en Argentina.
José Baig
BBC Mundo, Argentina

Manifestantes pidiendo justicia por los desaparecidos.
Asociaciones de derechos humanos temen que el fallo vulnere convenios internacionales.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina prohibió que se le haga una prueba de ADN a la supuesta hija de una pareja de desaparecidos durante el gobierno militar.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo y dos tribunales de su país tienen razones para creer que Evelyn Vázquez es hija de Susana Pegoraro, que desapareció durante el gobierno militar.

Pero Evelyn fue criada desde su nacimiento por el suboficial de la Marina, Policarpo Vázquez, y su esposa Ana.

A pesar de que Policarpo y Ana reconocieron en los tribunales que no es su hija, Evelyn se niega a someterse a una prueba de ADN para saber quiénes son sus verdaderos padres.

Historia

Según las investigaciones, Evelyn nació en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros clandestinos de detención más activos durante el gobierno militar, entre 1976 y 1983.

Madres argentinas pidiendo justicia
Cientos de bebés nacieron en prisión y fueron criados por familias del régimen militar.

La señora Angélica de Bauer está convencida de que esa niña, que fue entregada al suboficial Vázquez es su nieta. Por eso, recurrió a los tribunales a exigir que se hagan las pruebas de paternidad.

Después de dos decisiones de los jueces para obligarla a someterse a las pruebas, Evelyn recurrió a la Corte Suprema de Justicia.

Ese tribunal decidió este martes que someterla a una prueba de ADN en contra de su voluntad vulnera su intimidad. Y que eso está por encima del derecho de sus supuestos familiares a conocer la verdadera identidad de Evelyn.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que ya encontró a 75 de unos 500 hijos de desaparecidos nacidos en prisión, advirtió la semana pasada que un fallo como el de este martes viola los convenios internacionales suscritos por Argentina.

También este martes, la Corte Suprema siguió analizando la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que evitaron el enjuiciamiento de los acusados de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.



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