El gobierno de Francia apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina el rechazo al pedido de extradición del ex marino Alfredo Astiz, acusado por la muerte de dos monjas francesas durante el último gobierno militar argentino (1976 -1983).
En septiembre, el juez a cargo del caso rechazó la solicitud de extradición francesa.
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La apelación fue presentada por Jean Pierre Gardés, cónsul de Francia en Bahía Blanca -ciudad donde se tramita el proceso de extradición del ex militar, ubicada a unos 700 kilometros de Buenos Aires.
Lo mismo hicieron la semana pasada dos fiscales argentinos que trabajan conjuntamente con el gobierno galo y que también insisten en que se juzgue a Astiz en el país europeo.
Estas apelaciones son necesarias porque el 20 de septiembre pasado el juez federal Alcindo Álvarez Canale, a cargo del caso, rechazó la solicitud francesa de extraditar al presunto represor.
En 1990, un tribunal de Francia condenó "en ausencia" a Astiz -conocido también como el "Ángel de la Muerte" y "El Cuervo"- a cadena perpetua por el asesinato de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
Las religiosas francesas fueron vistas por última vez en 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de aquella época y lugar donde se desempeñaba Astiz.
La corte decidirá
Las dos apelaciones -la del gobierno francés y la de los dos fiscales argentinos- serán enviadas a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la última palabra sobre la extradición del ex marino.
En 1990, un tribunal de Francia condenó a Astiz a cadena perpetua.
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Lo que no se sabe es cuándo se ocupará del asunto el máximo tribunal, ya que no tiene plazos establecidos para resolver los casos que se someten a su consideración.
Además de esas muertes, Astiz enfrenta varios cargos por torturas y homicidios durante el régimen militar. Es por eso que está preso en el marco de una causa en la que se investigan delitos cometidos en ese entonces en la ESMA.
Desde 1976, el ex marino se había beneficiado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían juzgar a los ex represores en Argentina.
Pero en agosto de este año, el Congreso nacional anuló esas dos leyes, de manera que Astiz -así como varios cientos de militares más- podrán ser procesados.
Sin embargo, la Corte Suprema aun no ha decidido si las "leyes de perdón" son realmente inconstitucionales y es esta instancia la única que puede anularlas y así dar luz verde a los juicios.