El teniente general retirado Martín Balza fue el militar argentino de más alto rango en realizar una crítica sobre el papel de las fuerzas armadas durante el gobierno militar que se extendió entre 1976 y 1983.
"Las leyes tendieron un manto de sospecha crónica sobre todos los militares".
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Durante los ocho años que ocupó la jefatura del ejército, Balza no dudó en hablar de la desaparición de personas, los crímenes y las torturas cometidas durante ese período, algo no muy común entre los altos mandos militares que defendían la "lucha contra la subversión".
El ex jefe del ejército fue procesado luego por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia (en tres causas fue sobreseído y la otra prescribió) y ahora ha sido designado embajador de Argentina en Colombia.
La BBC le preguntó si se abría un nuevo proceso en la historia argentina con la nulidad de las leyes de "Punto Final y Obediencia Debida" por parte de la Cámara de Diputados.
Yo creo que este proceso continúa desde hace muchos años, quizás desde el mismo momento en que se sancionaron estas leyes.
Esas leyes fueron derogadas en marzo de 1998, lo que ahora hace el Congreso es anularlas.
Lo importante es que en la Corte Suprema de Justicia está la posibilidad en estos momentos de que ambas leyes sean declaradas inconstitucionales o constitucionales.
Eso sería lo más importante porque el fiel intérprete de la constitucionalidad de las leyes no es el poder Legislativo -que tiene la responsabilidad de sancionar- sino del poder Judicial.
¿Usted diría que, tal como se presenta la situación y siguiendo esta tendencia casi universal a revisar los procesos anteriores, la Corte Suprema de Justicia va a declarar la inconstitucionalidad de estas leyes?
Yo no sé cuál va a ser la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
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El concepto de impunidad está arraigado en una mayoría absoluta de la sociedad argentina como consecuencia de que aberrantes crímenes cometidos por la dictadura militar quedaron impunes.
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Pero cuatro jueces federales de primera instancia en casos diferentes declararon la inconstitucionalidad de esas leyes.
Hubo apelaciones a los tribunales de segunda instancia que también confirmaron, por unanimidad, la inconstitucionalidad de las leyes.
Hubo un dictamen del procurador general de la Nación que hizo llegar a la Corte su opinión de que las leyes son inconstitucionales.
Todo eso está en la Corte Suprema de Justicia que es la que en definitiva tiene que fallar.
¿A usted personalmente le parece que es necesario este proceso de revisión de lo ocurrido en el pasado?
Creo que sí, porque como lo ha dicho el señor presidente de la Nación, es necesario separar "la paja del trigo".
Porque en estos momentos las cicatrices, las heridas del pasado están abiertas, no es que se han reabierto ya que no se puede reabrir lo que nunca se ha cerrado.
Las Madres de Plaza de Mayo celebraron la decisión de los diputados.
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El concepto de impunidad está arraigado en una mayoría absoluta de la sociedad argentina como consecuencia de que aberrantes crímenes cometidos por la dictadura militar quedaron impunes.
En extrema síntesis: en los años 70, una violencia demencial atacó al cuerpo social argentino, pero la respuesta que dieron las fuerzas armadas en aquel entonces fue un golpe institucional.
Es decir, se echó al gobierno constitucional y los militares instauraron una dictadura que respondió a esa violencia, a ese terrorismo, con un terrorismo del Estado.
Respondió con una metodología que se apartó de toda la fuerza que emanaba del orden jurídico vigente, se apartó de la aplicación de las leyes y usos de la guerra y de todo condicionamiento ético y moral y hasta religioso.
Y luego, ciertas leyes impidieron que los verdaderos responsables asumieran esa responsabilidad ante la Justicia y fueran juzgados.
Y como otra consecuencia negativa, decenas y decenas de miles de dignos oficiales y suboficiales que procedieron acorde con las leyes de la Nación y los reglamentos militares, son sospechados por crímenes que no cometieron.
La leyes liberaron a los verdaderos responsables y tendieron un manto de sospecha crónica sobre aquellos que no tenían responsabilidad alguna.
Señor Balza, ¿no cree que esta votación en el Congreso pueda generar fricciones dentro del ámbito interno de las fuerzas armadas?
Creo que no, porque las fuerzas armadas dan muestras más que objetivas de subordinación al poder civil y de respeto irrestricto a las instituciones de la República, a los valores de la democracia y los derechos humanos.
¿Cree usted entonces que sería necesario enjuiciar a los militares que se beneficiaron con estas leyes?
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Incluso adjetivando la guerra como "sucia", "limitada" o "no convencional". ¿Qué relación guarda ésto con desvalijar casas completas, con el robo de bebés, con el robo de dinero, con una tortura sistematizada, con arrojar personas que ni siquiera eran combatientes desde aviones?
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Sería necesario para limpiar definitivamente a nuestras fuerzas.
Además, cuando se habla de "obediencia debida", debemos interpretar que ésto no es igual a "obediencia ciega".
La obediencia ciega no existe en las fuerzas armadas de los países civilizados.
Ningún militar debe cumplir órdenes que manifiestamente constituyan la comisión de un delito, en particular contra la Constitución Nacional y los usos y las leyes de la guerra.
Incluso adjetivando la guerra como "sucia", "limitada" o "no convencional". ¿Qué relación guarda ésto con desvalijar casas completas, con el robo de bebés, con el robo de dinero, con una tortura sistematizada, con arrojar personas que ni siquiera eran combatientes desde aviones?
¿Qué relación guardan estos crímenes horrendos con el concepto de "guerra sucia"? Ninguna.
Por eso los crímenes no pueden quedar impunes. Para avanzar al futuro que todos queremos sólo se puede caminar en el marco de la verdad, la justicia, y desterrando toda impunidad.
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