Alencar dijo que era "urgente" contar con ese decreto.
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El vicepresidente de Brasil, José Alencar, firmó un decreto que autoriza y regula el uso de semillas genéticamente modificadas en el sector agrícola, lo cual legaliza la siembra de soya, o soja, transgénica.
Este cultivo ya se venía realizando en amplias zonas del sur del país, donde se usaban semillas introducidas ilegalmente desde Argentina, según informan los medios de prensa.
Se estima que los cultivos transgénicos ilegales de soya representaban el 30% de la producción total de esa oleaginosa. Brasil es el segundo productor y exportador de soya en el mundo, después de Estados Unidos.
José Alencar, quien ejerce la presidencia interina del país debido a la gira internacional que realiza el presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, justificó la firma del decreto que ha generado el rechazo de grupos ecológicos y ambientalistas y divido a la comunidad agrícola.
Alencar dijo: "Necesitamos tener ese decreto porque es urgente y, a
medida que nos aproximamos al primero de octubre, comienza a llover.
Naturalmente, eso indica que es tiempo de siembra y de que las cosas deben avanzar".
"Afrenta"
Entretanto, el grupo ambientalista Greenpeace dijo que iría a los
tribunales para intentar suspender el decreto, que calificó de "afrenta" por sus supuestos daños al medio ambiente y la salud humana y animal, algo que el gobierno rechaza.
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El decreto es una medida temporal hasta que el gobierno de Lula Da Silva envíe su versión del proyecto de ley para transgénicos al Congreso de Brasilia.
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El decreto es una medida temporal hasta que el
gobierno de Lula Da Silva envíe su versión del proyecto de ley para transgénicos
al Congreso de Brasilia.
De acuerdo con la normativa, la soya transgénica sólo podrá venderse hasta
diciembre de 2004 tras lo cual las existencias deberán ser quemadas.
Se prohíbe al agricultor que
tenga semillas transgénicas revenderlas en estados distintos al que fueron producidas.
También se establecen indemnizaciones
económicas y el cierre de créditos a los productores en caso de
haber contaminación del suelo o perjuicio a la salud del consumidor.
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