El gobierno de Cuba denunció ante la Organización de las Naciones Unidas el endurecimiento en los dos últimos años del embargo económico y comercial que aplica Estados Unidos a su país.
"Esto demuestra irrefutablemente el rechazo del gobierno del presidente George W. Bush a respetar la voluntad de una mayoría abrumadora de la comunidad internacional", dice un informe elevado al secretario general de la ONU, Kofi Annan.
El documento insiste en la necesidad de dar cumplimiento a la resolución 57/11 que defiende la necesidad de poner fin al bloqueo de EE.UU. y que será sometida a votación en noviembre próximo, al igual que en los últimos 12 años.
En 2002, dicha resolución -que es no vinculante-, fue aprobada en la asamblea general por 173 votos a favor, 3 en contra (EE.UU., Israel y las islas Marshall) y cuatro abstenciones.
Al hacer público el informe, el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, manifestó en una conferencia de prensa en La Habana, que "estamos en un momento de aplicación más estricta y lesiva a los intereses nacionales y la vida de los cubanos de las últimas cuatro décadas".
El dinero y los pueblos
"Las afectaciones a Cuba por la aplicación de esta política genocida podrían superar ya los US$72.000 millones", sin incluir "los más de US$54.000 millones imputables a daños directos ocasionados a objetivos económicos y sociales del país", señala el documento.
Denuncia que el bloqueo tiene una directa incidencia tanto en las transacciones comerciales como en áreas culturales, educativas, deportivas y médicas.
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ACUERDO CON MONTANA
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Durante su reunión con los periodistas, el canciller Pérez Roque recalcó que su gobierno no culpa de esta situación al pueblo estadounidense, "el que también es víctima de esta situación al igual que el cubano", dijo.
Explicó que los ciudadanos de EE.UU. ven restringidos sus derechos al no poder viajar a la isla si no reciben un permiso especial del gobierno estadounidense.
El bloqueo fue impuesto sobre la base de sancionar al gobierno encabezado por Fidel Castro por no aplicar cambios en sus sistemas económico y político.
Pero los opositores argumentan que durante más de cuatro décadas y una decena de presidencias estadounidenses esta política no ha dado resultados.
Señalan, en tal sentido, que incrementado el contacto entre cubanos y estadounidenses podría hacer mucho más para promover la democracia y los derechos humanos en la isla.
En 2000 el Congreso de EE.UU. introdujo una excepción a las sanciones legalizando ventas directas de alimentos por primera vez desde los años 60, pero bajo condiciones especiales, incluyendo entre otras, que las transacciones se hagan en efectivo.
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El pueblo de EE.UU. es tan víctima como el de Cuba de esta política irracional y obsoleta
