Kirchner autorizó las extradiciones de militares a España.
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El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, se pronunció duramente contra los indultos y las leyes que impiden que se procese en el país a los militares argentinos acusados de abusos a los derechos humanos durante el último gobierno militar.
Consultado sobre el pedido de extradición del juez español Baltasar Garzón para juzgar en España a 46 presuntos ex represores argentinos, Kirchner -quien el viernes derogó un decreto que prohibía las extradiciones- afirmó que "habría que juzgarlos en nuestro país.
Añadió que "si todavía no se puede hacer eso es porque se han generado normas para mantener la impunidad".
El mandatario cuestionó la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas en 1986 y 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y de los indultos firmados por el presidente Carlos Menem en 1989 y 1990, que beneficiaron a los militares acusados de haber cometido delitos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976 y 1983).
"Toda mi vida afirmé que eran inconstitucionales. Son normas que fueron obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado", sentenció Kirchner, agregando que le "parecería bien" que el Congreso anulara las leyes exculpatorias.
Sin embargo, el mandatario advirtió que una nulidad del parlamento podría generar "cuestionamientos de tipo jurídico", aunque se mostró cuidadoso de no aparecer "induciendo" a la Corte Suprema a que se ocupe del tema.
Debate en el Congreso
Entre tanto, la Cámara de Diputados del Congreso argentino se prepara para debatir sobre la posibilidad de anular las leyes de perdón, para así evitar la extradición de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
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Opinan los argentinos
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La diputada del partido Izquierda Unida, Patricia Walsh, solicitó una sesión especial para el 12 de agosto para discutir un proyecto de nulidad, pero algunos legisladores oficialistas intentarían postergar el debate por temor a agudizar el conflicto con el sector militar.
Otros parlamentarios consideran que sería un error que el Congreso avanzara en la nulidad de esas leyes, ya que el tema debería ser decidido por la Justicia.