A menos de que se les escuche, los jueces pararán por una semana.
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Más de 15.000 jueces en Brasil amenazaron con unirse a la huelga de los trabajadores del sector público, que se opone a una propuesta para reformar el sistema de pensiones.
Claudio Balduino Maciel, presidente de la Asociación de Magistrados Brasileños, AMB, anunció este lunes que cesarán sus actividades por una semana a partir del cinco de agosto a menos de que el gobierno ofrezca más concesiones en el proyecto de pensiones.
Casi medio millón de empleados públicos se han sumado a una huelga que cumple este martes su segunda semana.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que modificó la propuesta la semana pasada en un intento por apaciguar los ánimos, insiste en que las reformas son indispensables para mantener a la economía bajo control.
Los gastos por concepto de pensiones públicas en 2002 representaron el 5% del producto bruto interno.
Más presión
Aunque los jueces han expresado su deseo de dialogar y han limitado el tiempo que estarán en paro, dejaron en claro que no están satisfechos con lo que algunos califican de privilegios.
A diferencia de los otros funcionarios de Justicia, cuya pensión tiene un tope de US$840, los magistrados podrán jubilarse con su último sueldo, que puede alcanzar los US$14.000.
No obstante, los jueces quieren asegurarse de que el gobierno incluya a sus beneficios los reajustes salariales, a los que tendrán derecho los jubilados.
A pesar de la popularidad de la medida anunciada por la AMB, unos 1.400 magistrados se negaron a sumarse a la huelga por considerarla inconstitucional.
El proyecto que impulsa el gobierno de centro-izquierda busca el aumento en la edad de jubilación y la imposición de un gravamen a los empleados ya retirados, puntos que han recibido fuertes críticas incluso dentro del Partido de los Trabajadores (PT) que llevó a Lula al poder.
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