Ordenan detener militares en Argentina

La "masacre de Margarita Belén" tuvo lugar poco después del inicio del régimen militar.

Un juez argentino ordenó detener a 10 militares retirados, acusado de haber sido autores materiales de la llamada "masacre de Margarita Belén", en la que fueron ejecutados 22 presos políticos en 1976.

La prensa argentina confirma este jueves que la policía ya recibió la orden del magistrado Carlos Skidelsky, de la norteña provincia del Chaco.

El ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, es uno de los imputados.

El fusilamiento de los presos tuvo lugar en la localidad chaqueña de Margarita Belén, unos 980 kilómetros al norte de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 1976, poco después del inicio del régimen militar.

Entre los imputados en la causa, aunque sin pedido de detención, se encuentra el ex jefe del Ejécito, general Ricardo Brinzoni, quienes a fines del mes pasado fue relevado de su cargo por el presidente Néstor Kirchner.

Brinzoni está acusado de haber sido instigador del fusilamiento de las víctimas, junto a otros 31 militares y policías.

El ex jefe del Ejército era secretario de gobernación de Chaco cuanto tuvo lugar la matanza que investiga el juez Skidelsky, luego de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de defensa de los derechos humanos.

Según informa este jueves el diario Clarín, Brinzoni declaró en mayo de 2001 al diario chaqueño Norte, que el incidente "fue una operación militar para eliminar terroristas".

"Herida abierta"

Los diez militares cuya detención fue ordenada por Skidelsky están acusados de haber integrado el convoy militar que sacó a las víctimas de las cárceles y las trasladó hasta el descampado en que fueron ejecutadas.

Tengo la obligación moral de actuar de esta manera porque lo sucedido en Margarita Belén es una herida abierta y hay muchas familias que siguen sufriendo, no sólo por la pérdida de seres queridos, sino también por el método que se usó para eliminar a esas personas

Juez Carlos Skidelsky

"Tengo la obligación moral de actuar de esta manera porque lo sucedido en Margarita Belén es una herida abierta y hay muchas familias que siguen sufriendo, no sólo por la pérdida de seres queridos, sino también por el método que se usó para eliminar a esas personas", dijo el magistrado a medios de prensa locales.

Skidelsky también advirtió que se trata de "un primer paso en investigación" y se avanzará luego "en el tema de los autores intelectuales".

El magistrado declaró en marzo, en el marco de esta causa, la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que a beneficiaron a los acusados de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

Según datos oficiales, hubo casi 9.000 desaparecidos durante los siete años que duró el régimen militar. Los grupos de derechos humanos aseguran que por lo menos hubo 30.000.