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Viernes, 20 de diciembre de 2002 - 07:09 GMT
Venezuela: desafío al Tribunal Supremo
![]() Presencia militar en las gasolineras.
Escribe Carlos Chirinos Vásquez, enviado especial de la BBC a Venezuela
Los gerentes de PDVSA sumados al paro cívico nacional no se consideraron aludidos por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que en una medida cautelar ordenó el restablecimiento de las actividades de la industria petrolera. Según Juan Fernández, el despedido gerente de planificación de la compañía y líder del sindicato Gente de Petróleo, el TSJ no exigió a los trabajadores reintegrarse a sus labores, sino que se cumplan las medidas del gobierno para que la industria vuelva a funcionar.
"Nosotros podemos regresar a nuestro trabajo siempre y cuando se cumplan las condiciones que hemos también impuesto. A parte que las condiciones de trabajo están malísimamente deterioradas. No podemos trabajar con la empresa militarizada", dijo Gonzalo Feijoó, otro gerente de PDVSA que participa en la huelga. Específicamente, el TSJ ordenó a "los responsables de las actividades petroleras acatar los decretos y resoluciones del Ejecutivo que llevan a la restitución de las actividades de distribución y transporte de combustible". Recurso de amparo De eso modo admitió un recurso de amparo presentado por Félix Rodríguez, director adjunto y gerente general de PDVSA en el occidente, contra las acciones de Gente de Petróleo, que ha promovido el paro petrolero. La medida cautelar indica que "para evitar perjuicios irreparables" a la república y su población "se ordena a todas las autoridades y particulares vinculados con el restablecimiento de la actividad económica e industrial de (...) PDVSA (...) que acaten todos los decretos y resoluciones emanados de los órganos competentes cuya finalidad sea lograr la puesta en funcionamiento de la industria petrolera y sus derivados".
Según Fernández, esto obliga a la Fuerza Armada Nacional a cumplir con la orden de militarización del sector que ordenó el Ejecutivo. Sin embargo, en conversación con la BBC, el presidente encargado del TSJ, Omar Mora Díaz, aseguró que si los trabajadores no acatan la decisión serán sancionados por desacato al tribunal. Polémica legal Según el vicepresidente venezolano, José Vicente Rancel, los empleados petroleros en huelga deberán regresar a sus puestos de trabajo o se expondrán a ser castigados por desacato de una orden del máximo tribunal de justicia. El diputado opositor Gerardo Blyde aseguró que la decisión del TSJ equivale a regular el derecho de huelga y forzaría a las personas a trabajar, lo que en su opinión es una "esclavización". Además, estaría regulando el derecho constitucional de toda persona a la huelga.
Según Linares Benzo, el máximo tribunal ratificó los decretos y resoluciones que permiten a la Fuerza Armada Nacional contribuir al mantenimiento de las operaciones de PDVSA, lo que no puede interpretarse como una orden de "reanudación de faena". Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, aseguró que si la oposición aplaudió la decisión del TSJ que devolvió la Policía Metropolitana a la Alcaldía Mayor, entonces debe acatar esta nueva resolución. Lara dijo: "La oposición hoy tiene capacidad de rectificar; ojalá que lo haga". Varios expertos legales coincidieron en destacar que la medida es cautelar y, por lo tanto, provisional. La decisión sobre el fondo del asunto se tomará en los próximos tres días. Durante la audiencia oral, tanto la parte demandante como la demandada tendrán ocasión de presentar sus argumentos. Cuestionamientos El TSJ no se pronunció sobre la reciente resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y Tierras, Producción y Comercio, Salud y Defensa, que contempla la eventual requisa de medios de trasporte privados para garantizar el suministro de alimentos y combustibles. La legalidad de la medida, al igual que la de militarización de las operaciones de PDVSA, había sido cuestionada por algunos juristas para quienes tales órdenes del Ejecutivo tenía que decretar previamente un estado de excepción.
Pero ahora, en el caso específico de la movilización de efectivos militares no sería necesario según la nueva Ley de Seguridad Nacional, promulgada el miércoles por el Poder Ejecutivo. El texto publicado en la Gaceta Oficial contempla que el presidente de la república podrá movilizar "total o parcialmente de la Fuerza Armada Nacional, sin que sea necesario decretar el estado de excepción". Sin gasolina Mientras tanto, en los próximos días la situación del abastecimiento de gasolina y derivados de hidrocarburos podría tornarse crítica en casi todo el territorio nacional. Según fuentes de PDVSA sumadas al paro, el 90% de la industria está paralizada. En Caracas empiezan a verse largas filas de vehículos para abastecerse de combustible, panorama ya visto en otras ciudades del interior en los últimos días. Incluso, muchas estaciones de servicio están cerradas. Por eso, Angelina Martino, presidenta Asogas, la red de gasolineras del área metropolitana de Caracas, pidió racionalizar el uso del combustible. Aunque reconoció que el suministro atraviesa dificultades, Martino aseguró que la escasez se debe más a las compras nerviosas que a la demanda. En las tres semanas que ha durado el paro nacional, el tránsito automotor en todo el territorio nacional se ha reducido notablemente y, por lo tanto, la demanda de combustible. |
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