¿Comisión de la verdad en Venezuela?

Varias personas murieron en las manifestaciones de la semana pasada.

A medida que avanzan los días, cobra cada vez más fuerza la propuesta de crear una comisión independiente que investigue los acontecimientos en torno a al derrocamiento y reinstitución del presidente Hugo Chávez.

Las organizaciones de derechos humanos, que han denunciado los abusos tanto de la gestión de Chávez como los atropellos del breve gobierno interino, proponen que esa investigación no debe estar en manos de los políticos.

La BBC conversó con Carlos Correa, director del Programa Venezolano de Educación y Acción en los Derechos Humanos, PROVEA, una de las organizaciones más prestigiosas del país en este terreno.

---

¿Por qué han propuesto esta comisión?

Si esta investigación queda en manos de una comisión parlamentaria, esa comisión no va a determinar que vaya a un tribunal, que la persona sea juzgada y que por tanto pague por los delitos que supuestamente ha cometido.

Chávez habló, pero muchos canales de TV no emitieron su mensaje.

Es importante es que exista este grupo, que hemos llamado Comisión de la Verdad o de la Verdad y la Justicia, que pueda hacer observación ciudadana para dar credibilidad a cualquier investigación y determinar si se ajusta a los hechos.

Creemos que hay una cantidad de hechos muy confusos y que eso se está utilizando con fines políticos.

Tiene que haber una investigación judicial pronta, con todos los elementos de una investigación criminal para que se aclaren a profundidad los hechos.

Con respecto al llamado al diálogo hecho por el presidente Hugo Chávez, ¿de qué manera se puede garantizar el éxito de esa convocatoria?

La participación no puede consistir en llamar a otros para que se sumen a lo que tú planteas.

La participación es un lugar en el que el ciudadano critica, apoya o disintiendo, en función del proyecto de país.

Creemos que hay muchos instrumentos en la Constitución para favorecer la participación, que no se están utilizando.

La comisión quiere investigar el papel del Ejército.

Eso implica un cambio de actitud de parte de los ciudadanos para que vigilen y cuestionen y también de los funcionarios para que entiendan que están al servicio de la colectividad y tienen que escuchar, reconocer sus errores y corregir cuando sea el caso.

Además, hay que pasar por la lógica de que todos estamos en este país, que la diversidad es una riqueza, no una desventaja.

Las sociedades democráticas han desarrollado mecanismos para que las diferencias se resuelvan de ese modo, no a través de la violencia.

¿Y qué hay de las acusaciones de atropellos contra dirigentes políticos durante el breve gobierno interino de Pedro Carmona?

Nos parece que hay que investigar todo, tanto lo que ocurrió el día once como los allanamientos que se produjeron durante el gobierno interino.

¿Qué pasó del 11 al 15 de abril?

Muchos de ellos se realizaron sin orden policial, sin presencia de fiscales del ministerio público y de manera ilegal.

También tenemos denuncias de torturas, horripilantes muchas de ellas. Tenemos que averiguar la situación de los heridos, más de cien, que se produjeron durante ese tiempo.

Tenemos que investigar las responsabilidades por los saqueos, la ausencia de fuerza policial, la ausencia de información en los medio; en fin, hay que investigar todo lo que ocurrió en Venezuela entre el 11 y el 15 de abril.

¿Qué nos puede decir como balance del gobierno de Hugo Chávez con respecto al tema de los derechos humanos?

En nuestro informe anual del año 2001, decíamos que hay políticas incoherentes en derechos humanos.

Pedro Carmona, cuando fue trasladado a su casa.

Hay un discurso importante a favor del tema, lo cual consideramos un avance, pero hay dificultades a la hora de implementar las políticas.

Decíamos que hay debilidad en el Estado de Derecho por la provisionalidad de la justicia.

El 90% de los jueces en Venezuela son provisionales. Los organismos de administración de justicia no tienen credibilidad ante la sociedad.

De cada 100 casos, sólo 36 son resueltos policialmente y sólo tres son resueltos judicialmente.

Es decir, de 100 delitos, sólo tres tienen castigo judicial. Eso genera una impunidad terrible.

Más transparencia

El gobierno de Carmona duró poco más de un día.

Y además decíamos que había visos de autoritarismo, en el sentido de que las medidas no se consultaban, no se hablaban y no se trabajaban, y por eso nosotros pedimos que se reivindique toda la dimensión de participación que hay en la Constitución.

El año pasado hubo problemas muy serios con el tema del derecho a la vida y una serie de grupos parapoliciales que se conformaron en algunos estados que pueden ocurrir, el problema es que no se castiga a los culpables y eso genera mayor impunidad.

En las organizaciones de derechos humanos proponemos un plan nacional de derechos humanos, con responsabilidades concretas al Ejecutivo, a los jueces y al Legislativo.

Además, ese plan debe tener indicadores, tiempos y plazos para que nosotros, los ciudadanos y el gobierno podamos evaluarlo juntos.