EE.UU. evalúa el Plan Colombia

EE.UU. equipara a la guerrilla con el narcotráfico en Colombia.

Escribe José Baig, corresponsal de la BBC en Colombia.

"Desde nuestro punto de vista, los grupos armados que operan en Colombia tuvieron una ideología en el pasado, pero en este momento no son otra cosa que organizaciones de narcotraficantes".

La categórica afirmación de Lorne Craner, miembro de la delegación estadounidense de alto nivel que visita Colombia, no deja dudas de que las intenciones de Washington están en consonancia con los más recientes deseos de Bogotá.

Desde nuestro punto de vista, los grupos armados que operan en Colombia tuvieron una ideología en el pasado, pero en este momento no son otra cosa que organizaciones de narcotraficantes

Lorne Craner

Los funcionarios de Estados Unidos están en Colombia para evaluar cómo se han utilizado los US$1.300 millones de dólares en ayuda y equipos militares entregados por ese país para financiar el Plan Colombia.

Aunque el Plan está limitado a la erradicación de los cultivos de coca y amapola, tanto Colombia como Estados Unidos buscan la manera de cortar los supuestos nexos entre el tráfico de drogas y las organizaciones armadas.

Un asunto de dinero

El presidente Andrés Pastrana ha insistido en pedir durante las últimas semanas el apoyo de Estados Unidos a fin de que la ayuda financiera y militar destinada a la lucha anti-drogas, también pueda emplearse en el combate a la insurgencia.

Lorne Craner supervisa cómo se han gastado los dólares de ayuda.

Paralelamente, el presidente George Bush intenta que dentro de las discusiones del presupuesto, el Congreso de Estados Unidos apruebe US$538 millones como ayuda militar para Colombia.

Si se aprueba, parte del dinero estará destinado a la creación de una segunda unidad antinarcóticos (la primera también fue financiada por Estados Unidos) y otra parte servirá para reforzar la vigilancia de la infraestructura petrolera del país.

Durante las primera semanas del año, se produjo una fuerte ofensiva guerrillera, principalmente de las FARC, que dejó como resultado serios daños a la infraestructura petrolera y eléctrica del país.

"No se ha hecho la tarea"

Mientras la Casa Blanca y el Palacio de Nariño hablan con vehemencia de la necesidad de más ayuda militar, grupos de derechos humanos les recordaron a los dos gobiernos que antes se deben evaluar algunos compromisos.

Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Human Rights Watch y WOLA (Washington Office on Latin America) dijeron que no debería firmarse un solo cheque hasta que Bogotá cumpla con promesas como suspender a los oficiales vinculados a grupos paramilitares.

Dentro de dos semanas, el departamento de Estado debe dar su visto bueno sobre la defensa a los derechos humanos en Colombia, mediante un mecanismo parecido a la polémica "certificación" anti-drogas.

A juicio de las ONG denunciantes, los militares colombianos involucrados en violaciones a los derechos humanos siguen en servicio activo, lo cual viola las condiciones impuestas como requisito para el desembolso de la ayuda.