Argentina: sigue la batalla

Mientras el Congreso estudia los juicios políticos contra la Corte, la población sigue protestando.

Escribe Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Buenos Aires.

Una comisión del congreso comenzó este martes a estudiar 40 pedidos de juicio político contra la Corte Suprema, en medio de una fuerte polémica entre el poder Judicial y el Ejecutivo.

Antes de llegar al juicio político hay un largo proceso, pero el gobierno de Eduardo Duhalde quiere avanzar lo más rápido posible, sobre todo después de la decisión de la Corte de declarar inconstitucional el "corralito" financiero.

Lenicov calificó de irresponsable el fallo de la Corte.

Duhalde los acusó de haberlo chantajeado mientras que el ministro de Economía, Remes Lenicov calificó de irresponsable el fallo de la Corte.

Los magistrados aseguran que ellos habían tomado la decisión desde por lo menos un mes antes, pero los observadores no descartan que la sentencia fue más bien un intento de esos jueces de colocarse como víctimas del gobierno en momentos en que éste se apresta a retirarlos.

Lo cierto es que la Corte Suprema es blanco de numerosas protestas que piden la dimisión de sus integrantes desde hace más de un mes.

Los cientos de personas que se reúnen cada jueves ante los tribunales en un cacerolazo contra la Corte acusan a este órgano de mal desempeño. Recuerdan la liberación del ex presidente Carlos Menem, acusado de tráfico de armas, o el aval a los recortes de salarios y pensiones.

El enojo hacia el máximo tribunal aumentó además cuando respaldó hace menos de dos meses el "corralito" financiero -restricciones bancarias que mantienen prácticamente congelados los depósitos de los ahorristas-.

No piensan tirar la toalla

Es así que, según varios diputados, existen pruebas contundentes y apoyo político suficiente como para destituir a los nueve magistrados del máximo tribunal.

"Por lo menos la mayoría de los miembros son culpables de haber tolerado la sistemática violación de la Constitución Nacional, los verdaderos despojos de los patrimonios públicos a través de procesos de privatización cuestionables de todo punto de vista, los casos de corrupción de la última década y de haber facilitado la libertad de Carlos Saúl Menem", señaló el diputado Héctor Polino, uno de los integrantes de esa comisión.

Es más, pareciera que el gobierno espera que los jueces decidan irse por su propia "conciencia", tal como dijo este martes el jefe de gabinete Jorge Capitanich. "Eso (la renuncia) depende de la conciencia de cada uno", dijo el funcionario.

Sin embargo, los jueces no piensan tirar la toalla fácilmente. Este mismo martes, en las primeras declaraciones públicas desde que se desató la batalla con el gobierno, un miembro de la Corte, Adolfo Vázquez, consideró que "hay margen para poner paños fríos".

Según dijo "se ha magnificado" la disputa y consideró que "no hay causales tan tremendas" para que se avance en un juicio político que podría derivar en destituciones.

Eso (la renuncia) depende de la conciencia de cada uno

Jorge Capitanich, jefe del gabinete.

Además, Vázquez desmintió que alguno de sus colegas haya pedido su jubilación anticipada o tenga intenciones de presentar su renuncia, tal como lo habían indicado algunas versiones periodísticas.

"Todos los ministros estamos en nuestros puestos. Mis colegas han desmentido cualquier intención de renunciar o de pedir su jubilación", enfatizó.

El campo de batalla

Si la guerra se profundiza, la Corte tendría otra carta en la manga que sería un golpe durísimo para el gobierno, ya que puede declarar inconstitucional la ley de acefalía, lo que derivaría en la ilegitimidad de la gestión de Duhalde.

Los analistas dudan mucho que esto suceda, aunque ya en enero último la Corte evitó pronunciarse sobre una demanda presentada en ese sentido y dijo que ese no era tema de la competencia originaria del alto tribunal.

Pese a estos rumores, Vázquez desmintió que la Corte hubiera tratado ese cuestionamiento judicial sobre la legitimidad de la designación del presidente Eduardo Duhalde por parte de la Asamblea Legislativa, el primero de enero pasado. "No, no hay nada de eso", aseguró.

Los jueces más cuestionados son los que integraron la mayoría automática durante la gestión de Carlos Menem: Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Julio Nazareno, titular del cuerpo.

Tras la reunión de los legisladores que analizan el juicio político, el presidente de la Comisión, Sergio Acebedo, dijo que el jueves se declarará admisible el inicio del juicio político a la Corte.