El gobierno argentino se protege

Hay 30 pedidos de enjuiciamiento contra los 9 magistrados de la Corte Suprema.

Escribe Lourdes Heredia, corresponsal de la BBC en Buenos Aires.

El gobierno argentino suspendió -por seis meses- las demandas judiciales contra los límites bancarios conocidos como el "corralito financiero". Así lo dejó en claro un decreto publicado por el Boletín Oficial este lunes.

Esta decisión se toma después de que el Tribunal Supremo decidiera el viernes que los límites sobre la retirada de efectivo y la congelación de ahorros era inconstitucional.

Se calcula que en el sistema judicial hay por lo menos un millar de recursos de amparo en trámite

Con este decreto, el gobierno quiere evitar una oleada de demandas judiciales por parte de enfadados ahorradores, que tienen sus depósitos congelados desde la implementación del "corralito" el pasado 3 de diciembre.

Así, aquellos ciudadanos que esperaban tener acceso a sus ahorros por medio de un recurso judicial, tendrán que seguir esperando.

Pero además, este decreto refleja la dura batalla que se desató el viernes ante la decisión sorpresiva de la Corte, que provocó incluso el cambio de planes que tenía el gobierno para salir de la crisis.

Se calcula que en el sistema judicial hay por lo menos un millar de recursos de amparo en trámite y se esperaban aún más ante la inconstitucionalidad del "corralito".

Apresuran el juicio político

Asimismo, además del contraataque del Ejecutivo con este decreto, la Corte también está en la mira del Poder Legislativo que ya conformó una comisión la semana pasada para inciar un juicio político.

Por ahora hay 30 pedidos de enjuiciamiento contra los 9 magistardos del tribunal supremo por el mal desempeño de sus funciones.

Según explicó el legislador del Frente para el Cambio Alfredo Villalba, este proceso fue solicitado desde hace mucho tiempo y el tema del "corralito" es tan sólo una parte de las acusaciones.

Protestas contra la privatización de Aerolíneas Argentinas.

"La justicia fue violada sistemáticamente. Se vulneró la Constitución en varias ocasiones, desde la decisión con la privatización de Aerolíneas Argentinas, también avaló el descuento de los salarios de los trabajadores", señaló Villalba.

De igual forma, opina que el dictamen sobre la inconstitucionalidad del "corralito" fue sólo para "salvar el pellejo" ante el creciente descontento social que se mostró en masivos cacerolazos en contra del máximo tribunal.

"La Corte primero evita que los ahorristas puedan acceder a su dinero y, luego ahora, cuando no han pasado más de 60 días de esa resolución, regresan con un fallo contradictorio", agregó.

Hacer las cosas bien

Otra legisladora que realizó pedido de enjuiciamiento a la Corte fue Graciela Ocaña. Para ella lo importante ahora es actuar, pero sin apresurarse.

"Hace mucho tiempo que venimos solicitando el juicio político de la Corte. Hemos presentado varios pedidos, incluyendo el del caso de armas que benefició al ex presidente Carlos Menem", explicó la legisladora.

"Pedimos el enjuiciamiento de los 9 miembros de la Corte. Esperemos que esto se concrete de forma rápida, pero sin que esta rapidez atente contra la legalidad de este proceso y la seriedad de la acusación", enfatizó.

Lo mejor que le podríamos hacer a la Corte es hacerle una acusación que no esté bien sostenida y que termine siendo víctima y no responsable

Legisladora Graciela Ocaña

"Lo mejor que le podríamos hacer a la Corte es hacerle una acusación que no esté bien sostenida y que termine siendo víctima y no responsable de lo que ha sucedido en la Justicia argentina en los últimos 12 años", agregó.

Por ahora, la comisión de la Cámara de Diputados evaluará cada uno de los expedientes presentados en contra de la Corte.

El camino para llegar al juicio político es largo y complicado, aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que se podría definir el proceso en unos 20 ó 30 días.

Lo cierto es que la principal instancia judicial del país está muy desacreditada y en las manifestaciones en su contra la gente no olvida que este tribunal avaló la ley de obediencia debida y punto final, así como permitir la liberación del ex presidente Carlos Menem.

También se recuerda que dio su visto bueno cuando el gobierno recortó las jubilaciones y los salarios.