Revés legal para De la Rúa

Las restricciones bancarias del gobierno han sido desautorizadas por la justicia argentina.

Desde Buenos Aires, escribe para la BBC el periodista Carlos Ceresole

Un juez de Buenos Aires produjo el primer fallo con alcance masivo contra las restricciones bancarias impuestas hace diez días por el gobierno argentino, autorizando a todos los trabajadores la libre disponibilidad de sus salarios a partir del lunes próximo.

Aunque se descuenta que el gobierno apelará la medida en una instancia superior, la sentencia del magistrado de primera instancia Martín Silva Garretón consolida la ofensiva judicial contra las medidas económicas económicas impuestas por el gobierno el 3 de diciembre pasado.

Hasta ahora, más de 6.000 usuarios del sistema financiero argentino habían recurrido a la Justicia para que se les permitiera retirar su dinero de los bancos sin limitaciones, pero todas habían sido presentaciones individuales.

Los argentinos rezan a San Cayetano para que los ayude en la actual crisis.

"Lo trascendente de la medida radica en que el juez determinó que la resolución abarca a todos los trabajadores representados por la Confederación General del Trabajo (CGT) en su ámbito territorial y personal", anunció Luis Tomasoni, abogado de la central obrera oficial de Argentina.

"El juez ordenó al jefe de Gabinete, al Banco Central y al Ministerio de Economía que arbitren los medios a los efectos de poner a disposición de los trabajadores la totalidad de su sueldo en efectivo", detalló.

Conflicto social

En tanto, mientras las tres centrales sindicales argentinas intentan acordar la fecha para un paro nacional de 48 horas que ya fue anunciado para la semana próxima, comenzaron a surgir en el interior del país algunos focos aislados de conflictividad social.

El viernes al mediodía, unos 400 docentes tomaron pacíficamente durante varias horas la sede central del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la segunda entidad financiera argentina, para reclamar el pago de sueldos adeudados.

Cavallo tiene problemas para aplicar sus medidas de ajuste.

A pesar de que el edificio fue rodeado por efectivos policiales, los manifestantes -quienes recibieron la adhesión de los empleados del banco- se negaron a deponer su actitud hasta que lograron un compromiso del gobierno de la principal provincia argentina para abonar los salarios el próximo martes.

Por la tarde, unas treinta personas de condición humilde saquearon un supermercado en Rosario, la tercera ciudad argentina, de donde se llevaron varias bolsas de mercadería y vaciaron las góndolas de carnes.

Otros incidentes ocurrieron en Mendoza, capital de la mayor provincia en el oeste del país, donde medio centenar de personas robaron comestibles de un mercado y la policía local logró desbaratar otros dos intentos similares.

Los saqueos de supermercados tienen un impacto psicológico profundo en la sociedad argentina puesto que fueron los detonantes de la renuncia del anterior presidente radical Raúl Alfonsín, en medio de la hiperinflación que asoló al país en 1989.

Frente político

En el frente político las cosas tampoco se presentan fáciles para el gobierno argentino.

El secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, informó a los diputados que prevé incluir en el proyecto de presupuesto 2002 la eliminación del aguinaldo (un sueldo anual complementario que se cobra en mitades, en Julio y Diciembre) y un nuevo recorte para los salarios de los empleados públicos como medida adicional para asegurar el equilibrio fiscal.

La crisis está afectando el pago de los jubilados.

Pero tanto los legisladores del oficialismo como los de la oposición adelantaron su negativa a aprobar mayores recortes.

"Un presupuesto con ajustes a nivel salarial no pasa por el Congreso ni por casualidad", aseguró el diputado justicialista Eduardo Camaño, presidente de la Cámara Baja, en tanto su par radical Horacio Pernasetti, titular de la bancada oficialista, afirmó que "es inviable un proyecto que incluya recortes de sueldos".

Un presupuesto equilibrado que permita un programa de recuperación económica sustentable es la principal exigencia que los directivos del Fondo Monetario Internacional hicieron como condición para liberar nuevas ayudas financieras a la Argentina, que hoy resultan indispensables para afrontar los nuevos vencimientos de la deuda y alejar el fantasma de la cesación unilateral de pagos.

"Traición a la patria"

Pero como si fueran pocos los problemas que ya debe afrontar el presidente Fernando De la Rúa, un grupo de diputados del partido de centro izquierda "Argentina para una República de Iguales" (ARI) -segunda fuerza electoral en la capital del país- amenazó con denunciarlo a la Justicia por "traición a la patria".

Elisa Carrió, titular del ARI, entregó el viernes por la mañana una intimación en la casa de gobierno para que se revoque el decreto de renegociación de la deuda externa porque "condiciona por 32 años los ingresos de la Argentina".

Según la diputada Carrió, tanto De la Rúa como Cavallo incurrirían en el delito de traición a la patria "por poner la vida, la fortuna y el honor de los argentinos a disposición del poder económico y de los banqueros".

Pero el gobierno salió rápidamente a responder la ofensiva del ARI, que fue calificada de tener únicamente un objetivo mediático.

"Me parece realmente una búsqueda sospechosa de espectacularidad concurrir a la Casa Rosada a intimidar al presidente. Si estuvieran configurados los elementos para un cargo de traición a la patria no vendrían aquí a buscar televisión sino que irían directamente a los tribunales", contestó el subsecretario de Comunicación Juan Pablo Baylac.