Argentina: reclaman justicia por atentado

En el atentado murieron 86 personas.

Hace siete años, un coche bomba desmoronó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el atentado más grande de la historia del país.

Eran las 9 con 53 minutos de la mañana, cuando estalló el artefacto que mató 86 personas y este miércoles sus familiares y amigos se reunieron en un acto para pedir justicia.

Constituye una mancha de vergüenza para la República Argentina y sus instituciones, en una país cuya justicia es ineficaz, con magros recursos, lenta hasta la exasperación

José Hercman

Cientos de personas asistieron al acto, cuyo principal mensaje fue la lucha contra la impunidad.

En los discursos hubo numerosas críticas por la lentitud de la justicia y muchos de los oradores pidieron al gobierno que el próximo aniversario sea para recordar, no para reclamar.

Refiriéndose a la investigación respecto del atentado, José Hercman, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), afirmó que "constituye una mancha de vergüenza para la República Argentina y sus instituciones, en un país cuya justicia es ineficaz, con magros recursos, lenta hasta la exasperación".

Conexión local

En el acto también estuvieron presentes funcionarios del gobierno, entre ellos la mayoría de los ministros del presidente Fernando De la Rúa.

El titular de Justicia, Jorge de la Rúa, dijo comprender el dolor de los familiares y reiteró que se está haciendo lo posible por esclarecer la verdad.

Casi todos los ministros de De la Rúa asistieron al acto.

El próximo 24 de septiembre comenzará un juicio oral y público contra 20 procesados, entre ellos cinco ex policías y un vendedor de automóviles que habría suministrado la camioneta donde detonó la bomba.

Se prevé que el proceso podría durar un año debido a que declararán unos 1.200 testigos.

Para los familiares de las víctimas, sin embargo, éste es un paso que ha tardado mucho en llegar.

Los gobiernos de Argentina, Estados Unidos e Israel consideran que los acusados conforman la "conexión local" de un grupo extremista islámico respaldado por Irán.