Caso Pinochet: fin de los eufemismos

A un lado de la calle, los detractores de Pinochet.

Escribe Gilberto Villarroel, corresponsal de la BBC en Chile.

Era una de las tantas jornadas decisivas que ha tenido, hasta la fecha, el caso Pinochet. Otra vez, los jueces tenían que decidir si el caso seguía o no adelante, hacia la etapa siguiente. Otra vez, partidarios y detractores se habían instalado en calle Compañía, separados por rejas de seguridad y policías, frente al Palacio de los Tribunales.

Cada vez hay mayor apatía en torno del caso Pinochet.

Y ahí estaba yo, justo en medio de la calle, haciendo el esfuerzo por mantener una distancia idéntica entre ambos grupos, para que el teléfono celular pudiese captar sus voces, con las consignas que gritaban, al momento del enlace en directo con la oficina de Londres.

Ese obsesivo afán de imparcialidad y ecuanimidad, tan caro a la prensa, ha sido particularmente necesario durante la cobertura periodística de este caso, que visto desde adentro no admite términos medios.

A Augusto Pinochet se le admira o se le rechaza. Y todos los chilenos tienen (tenemos) una opinión sobre él y sobre su gobierno (aunque la mía, en este caso, deba permanecer en un recatado segundo plano para los fines de esta corresponsalía, lo que me obliga a hacer el esfuerzo de estar siempre "en la mitad de la calle", atento a lo que hacen ambos bandos para poder describirlo).

Dos formas de hablar

A la prensa chilena le ha correspondido ser testigo del auge y caída de un personaje que, a comienzos de la transición, parecía intocable. Y esa evolución se ha reflejado en el lenguaje utilizado por los medios y por los líderes de opinión, algo muy importante en un país acostumbrado a leer entre líneas y donde las cosas, por idiosincrasia, rara vez se dicen de frente.

Los "apremios ilegítimos" han vuelto a conocerse como "torturas", los "excesos" y "confusos incidentes" han sido rebautizados como "homicidios", según las convicciones a que han llegado paulatinamente de los jueces tras su labor investigadora, y los "presuntos desaparecidos" son, ahora, simplemente los "desaparecidos".

Los "apremios ilegítimos" han vuelto a conocerse como "torturas", los "excesos" y "confusos incidentes" han sido rebautizados como "homicidios"

Aunque la prensa opositora a Pinochet nunca utilizó este doble-hablar orwelliano, propio de los años 80, y siempre cubrió los casos de atropellos a los derechos humanos en su condición de tales, los grandes periódicos y canales de televisión sí han tenido que pasar, especialmente durante el caso Pinochet, por esta necesaria transición, que ha alcanzado incluso al lenguaje de sus partidarios más recalcitrantes.

Hoy nadie discute en Chile que hayan existido violaciones a los derechos humanos. Y a los pinochetistas solamente les queda tratar de justificarlas en función del ideologizado contexto de los años 70 y de la Guerra Fría. Pero ya no tienen cómo negarlas.

El propio ejército, que hace diez años rechazó los contenidos del Informe Rettig, no sólo participó recientemente en la Mesa de Diálogo sino que debió aceptar, como todo el mundo, la competencia de los tribunales para juzgar a Pinochet una vez que el ex gobernante de facto fue despojado de su fuero de senador vitalicio (cargo que él mismo se había reservado al promulgar la Constitución de 1980).

Resulta sintomático, como reflejo de estos nuevos aires, que el mismo oficial que en 1991 leyó ante la prensa el comunicado del Ejército contra el Informe Rettig sea actualmente el comandante en jefe de la institución: el general Ricardo Izurieta.

Apatía ciudadana

En el nivel masivo, el caso Pinochet dejó de ser prioritario hace tiempo. Las encuestas de opinión pública suelen reflejar un mayor interés de los chilenos por temas como el desempleo, la seguridad ciudadana y la contaminación ambiental.

Al otro lado de la calle, los simpatizantes del ex gobernante militar.

Y aunque es cierto que la situación de Pinochet moviliza a influyentes partidarios, entre ellos su familia (cada vez más accesible para la mayoría de los periodistas), militares en retiro, poderosos empresarios, políticos de derecha y medios de comunicación afines, lo cierto es que los manifestantes que llegan a los tribunales suelen ser unas pocas decenas.

Esta creciente apatía ciudadana opera hacia ambos lados, y también deben luchar contra ella los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, quienes hasta la detención de Pinochet en Londres veían como muy remota la posibilidad de conseguir su procesamiento en los tribunales.

Para los periodistas que siguen el caso día a día, cada etapa es impredecible. Los abogados querellantes suelen hablar de "un suspenso a lo Hitchcock", para descifrar las sucesivas postergaciones de las resoluciones de los magistrados. Trámites como la filiación (fichaje con fotos de frente y de perfil y toma de huellas digitales) se posponen aunque el plazo haya vencido.

Independientemente de lo que decidan los tribunales, cuesta imaginar multitudinarias manifestaciones callejeras de apoyo o rechazo. Aunque los ojos del mundo estarán nuevamente puestos en Chile. Al menos durante unas horas.