¿Ejecutarán a latino en EE.UU.?

Se creía que Garza iba a ser ejecutado antes que McVeigh.

La pena de muerte en Estados Unidos ha adquirido nueva relevancia no sólo a raíz de la ejecución de Timothy McVeigh, considerada la más publicitada en la historia de este país, sino porque a nivel internacional han crecido las dudas sobre la autoridad moral de EE.UU. en temas de derechos humanos.

La siguiente prueba para su gobierno es si procede con la ejecución de Juan Raúl Garza, como escribe desde Washington nuestro corresponsal Javier Lizarzaburu.

Juan Raúl Garza, de 44 años, es un tejano hijo de emigrantes mexicanos. En 1993 fue sentenciado a la pena capital, acusado de la muerte de una persona, de haber ordenado el asesinato de otras dos y haber encabezado una banda de tráfico de marihuana.

Protestas contra la pena de muerte.

Según sus abogados, uno de los aspectos más controvertidos de su juicio fue el hecho de que la parte acusadora presentó, en la fase final, información sobre otras cuatro muertes, cometidas en México, sobre las cuales también se hacía responsable a Garza.

Según la defensa, lo cuestionable fue que se presentó en el momento en que los jueces se aprestaban a deliberar la sentencia.

Crítica de organismo interamericano

Esto llevó al acusado a presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que falló en su favor.

La Comisión señaló que "la conducta del Estado al introducir evidencia sobre delitos no juzgados y cometidos en el extranjero, durante la fase final del juicio, era lo más antiético" que se podía cometer.

En su opinión, proceder con la ejecución, sobre estas bases, sería una clara violación del derecho internacional.

Para varios analistas, el caso de Garza es un ejemplo típico de lo que se consideran los excesos y desequilibrios en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

La ejecucion de McVeigh es la que más publicidad ha recibido.

El caso de Timoty McVeigh, que fue la primera persona en ser ejecutada a nivel federal en casi 40 años, en muchos sentidos no facilita el debate sobre la pena capital.

Si bien la suya fue la ejecución que mayor publicidad haya jamás recibido, su delito había sido, según se describió aquí, el peor atentado terrorista en suelo estadounidense.

En este sentido, se cree que incluso personas opuestas a la pena de muerte, en el caso de McVeigh la habían apoyado.

La ley federal

El caso de Garza, según insisten varios especialistas legales y grupos de derechos humanos, es distinto por varias razones.

En primer lugar, la parte acusadora pidió su ejecución amparada en una ley federal que justifica la pena de muerte en casos vinculados al narcotráfico.

El también mexicano Miguel Ángel Flores fue ejecutado en Texas el año pasado.

El llamado "estatuto de los jefes del narcotráfico", introducido por el presidente Ronald Reagan, abrió la puerta a una serie de delitos castigados con la pena capital.

Bill Clinton lo amplió para incluir unos 50 delitos más, como el asesinato de un juez o casos de secuestros llevados a cabo en un auto, que culminen con la muerte de alguna de las víctimas.

Si bien el estado de Texas es el más activo en la aplicación de esta condena, el juicio de Garza, a decir de los especialistas, podría haber tenido al menos dos opciones de canalizarse.

De un lado, si los fiscales se hubieran amparado en la legislación estatal, es decir la de Texas, también podrían haber pedido la pena de muerte.

Se cree, sin embargo, que una pena capital sobre estas bases hubiera podido ser vulnerable y tal vez revocada tras apelación. Pero la vía que la acusación escogió fue la de la legislación federal.

Como ésta ya tiene tipificados los delitos por los cuales se aplica esa sentencia, su apelación se hacía casi imposible.

El factor racial

Sin embargo, la defensa de Juan Raúl Garza sostiene que el sistema está plagado de desigualdades raciales y geográficas.

Para ello, se cita un informe del Ministerio de Justicia de EE.UU. donde se señala que el 75% de los condenados a la pena capital son negros y 10% latinos.

Es más probable que un acusado reciba la pena de muerte si la víctima es blanca

Eliana Drakopoulos, Amnistía Internacional.

Además, de las 20 personas que en este momento se encuentran en el llamado corredor de la muerte, sólo dos son de raza blanca.

Y el tema también tiene que ver con el color de la piel de las víctimas.

Según me comentó Eliana Drakopoulos, portavoz de Amnistía Internacional en Washington, "es más probable que un acusado reciba la pena de muerte si la víctima es blanca".

El factor geográfico

En cuanto al argumento sobre diferencias regionales, la información existente señala que delitos similares cometidos en otro estado no se castigan con la pena de muerte.

En sus 5 años como gobernador de Texas, Bush aprobó más de 134 ejecuciones.

Es decir, si Garza hubiera sido encontrado culpable de los mismos cargos en un estado como Dakota del Norte, donde no existe la pena capital, lo más probable es que hubiera recibido una sentencia entre 20 años y cadena perpetua.

Es sobre esta base que el año pasado, a cuatro días de la fecha original en que Garza iba a ser ejecutado, el entonces presidente Clinton ordenó la suspensión de la medida por seis meses, "para permitir que el Departamento de Justicia tenga tiempo para analizar información sobre disparidades raciales y geográficas".

El factor económico

Otro argumento que se sostiene, es el hecho que más que un asunto de color o geografía, es una cuestión de pobreza.

Lo escandaloso de esta premisa, dicen algunos expertos, es que la gran parte de los sentenciados a la pena capital son gente de muy pocos recursos.

Por lo tanto, no tienen dinero para financiar un equipo legal que los defienda y su única opción es aceptar el abogado de turno que provee el Estado.

Lo que se ha encontrado en muchas situaciones es que estos abogados por lo general tienen una amplia carga de trabajo -con frecuencia decenas de casos en un día- y no pueden ofrecer el apoyo necesario para la defensa del acusado.

Pero según Drakopoulos, los temas de raza y pobreza están muy entremezclados en Estados Unidos y es difícil decir cuál factor es más importante.

En todo caso, "es muy raro ver gente con recursos en el corredor de la muerte", dice.

El informe de justicia

Por otro lado, el Procurador General de EE.UU., John Ashcroft, recientemente dio a conocer las conclusiones de un estudio sobre supuestas anomalías vinculadas al origen racial y la distribución geográfica de los reos, señalando que "el documento no muestra evidencia de sesgo alguno en la administración de la pena de muerte federal".

En EE.UU. el 75% de los condenados a la pena capital son negros y 10% latinos.

Según fuentes oficiales, parte de esa conclusión tiene que ver con el hecho de que de todas las personas ejecutadas en el país desde 1976, cuando se reinstauró la pena capital, el 56% era de raza blanca, el 35% de raza negra, el 7% latinos y un 2% entre asiáticos e indígenas.

Ashcroft ya expresó su decisión de no prorrogar la fecha para la ejecución.

Críticas con nuevos bríos

Entretanto, una confluencia de factores (la ejecución de McVeigh, la publicidad generada por el caso y el viaje del presidente Bush a Europa) ha inyectado nuevo vigor a los oponentes a la pena capital.

Varios grupos de derechos civiles, organizaciones políticas, profesionales y religiosas, han pedido que por lo menos el gobierno federal declare una moratoria de la pena capital y, en el caso de Garza, la conmutación de su pena por la de cadena perpetua.

De manera paralela, sus abogados han pedido a la Corte Suprema del país similar conmutación de la pena, aduciendo que el jurado que originalmente lo sentenció no había sido informado de que la alternativa a la pena de muerte era la cadena perpetua.

Hace pocos días, varios embajadores retirados expresaron su malestar en un documento hecho público.

Su posición reflejaba no sólo temor por las críticas que recibe Estados Unidos a nivel internacional (este país, junto a China, Arabia Saudita e Irán, es responsable del 90% de las ejecuciones judiciales que se llevan a cabo en el mundo) sino, de forma más preocupante, por lo que se describe como una pérdida de influencia y el creciente cuestionamiento de la autoridad moral para exigir reformas en otros países.

Y si el presidente George W. Bush decide no tomar medida alguna en el caso de Juan Raúl Garza, su ejecución este martes 19, la segunda en menos de 10 días, traería abajo un muro de contención que durante cerca de 40 años había limitado la aplicación de la pena de muerte a nivel federal.