Ratifican condena a militares argentinos

Rostros de desaparecidos durante el gobierno militar argentino.

El Tribunal Penal de Roma rechazó que se pueda utilizar un presunto "estado de necesidad" para justificar el asesinato de opositores políticos.

En diciembre pasado, la misma sala judicial condenó a cadena perpetua a dos ex generales argentinos por la desaparición de ocho ciudadanos italianos durante el último régimen militar de Argentina (1976-1983)

El presidente del tribunal, el juez Mario D'Andria, afirmó que carece de fundamento invocar el estado de necesidad para "salvar al pueblo argentino" del peligro "revolucionario" de grupos armados y cometer detenciones ilegales, torturas y asesinatos.

La actividad represiva y las violaciones de los derechos humanos eran sistemáticas y generalizadas

Juez Mario D'Andria

D'Andria aseguró que "la actividad represiva y las violaciones de los derechos humanos" llevados a cabo por los militares condenados eran "sistemáticas y generalizadas" y, por lo tanto, no podían argumentar que lo realizaban por "obediencia debida".

Según el juez, las pruebas recogidas fueron "más que suficientes" para demostrar que los altos mandos militares participaban en "la incitación y el reforzamiento de la voluntad" de los ejecutores de los crímenes.

El documento con las conclusiones del proceso se presentó en un acto, en presencia de los abogados de los familiares de las víctimas, miembros de grupos de defensa de los derechos humanos y otros interesados.

Sentencia histórica

El abogado Giancarlo Maniga dijo que el proceso terminó con una "sentencia histórica" y de "importancia comparable" a la de los juicios que se celebraron en Argentina al triunfar la democracia.

Suárez Masón: una orden internacional de captura lo espera más allá de las fronteras argentinas.

El tribunal condenó a los ex generales Guillermo Suárez Masón y Santiago Omar Riveros a cadena perpetua y sentenció a otros cinco suboficiales a 24 años de prisión.

El juicio se desarrolló en rebeldía, debido a la ausencia de los inculpados. La defensa de oficio había pedido su absolución.

Suárez Mason se desempeñó como comandante del Primer Cuerpo de Ejército, desde enero de 1976 hasta enero de 1979. Riveros fue Comandante de Institutos Militares desde enero de 1976 hasta diciembre de 1978.

A ambos se les responsabiliza de la desaparición y asesinato, entre otros, de ocho personas que, aunque crecieron en Argentina, eran ciudadanos italianos.

Tanto los ex generales como los otros cinco inculpados permanecen en Argentina, bajo el amparo de la legislación que garantiza su inmunidad.

Broche de oro

En declaraciones a la BBC, Ángela Boitano, de la Asociación Italiana de Familiares de Desaparecidos en la Argentina, señaló que la nueva decisión del juez D'Andria servía de "broche a la condena del 6 de diciembre" que constituía también "una enseñanza a la justicia argentina".

Es también una enseñanza a la justicia argentina

Ángela Boitano, asociación de familiares de desaparecidos.

Boitano agregó que esperan el pedido de extradición de Italia, pero saben que la respuesta del gobierno argentino podría ser dudosa.

"En principio, la aceptación nuestra es que no puedan salir de la Argentina y que sea la República Argentina la gran cárcel de estos genocidas", dijo.

Los abogados defensores de los ex militares disponen de un plazo de 45 días para recurrir la sentencia.

Estas condenas a acusados ausentes se suman a la dictada por la justicia francesa en 1990 contra el ex capitán de la armada argentina Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte", por el secuestro y posterior asesinato de dos religiosas francesas.