La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó que no se admita a trámite la investigación sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y el gobierno de Francisco Franco, alegando que están cubiertas por una ley de amnistía.
La semana pasada, el juez Baltasar Garzón se declaró competente para investigar qué ocurrió con miles de personas que desaparecieron durante y después de la Guerra Civil.
Pero Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de la cual es parte Garzón, considera que su pretensión de "conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución".
Muchos aún buscan los restos de sus antepasados.
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El veredicto respecto a esta apelación puede tomar dos meses, pero la pesquisa de Garzón puede continuar entre tanto.
La ley de amnistía de 1977 fue aprobada dos años después de la muerte del general Francisco Franco con la intención de que los españoles dejaran las divisiones en el pasado.
La Guerra Civil estalló con el levantamiento militar del general Franco, y se dice que sus seguidores eliminaron sistemáticamente a los opositores de izquierda incluso después de que ganaron, en 1939.
Pero Zaragoza señala en su comunicado de este lunes que las ofensas no pueden ser catalogadas como crímenes contra la humanidad, como las considera Garzón.
Para la Fiscalía, deben ser considerados crímenes comunes bajo el código criminal que regía cuando estalló la guerra en 1936, en cuyo caso, ya prescribieron.
"La lucha no cesará"
La apelación de la Fiscalía no asombra.
Para muchos, Garzón -que cuenta con una centelleante carrera judicial en la que ha perseguido a ETA, al-Qaeda y a presuntos violadores de los derechos humanos en América Latina, entre ellos Augusto Pinochet- se embarcó en la más contenciosa cruzada de todas: juzgar al franquismo.
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La lucha contra esta cicatriz, esta impunidad, nunca cesará
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Refiriéndose a los crímenes contra la humanidad, Garzón le dijo a Steve Kingstone de la BBC recientemente que "la lucha contra esta cicatriz, esta impunidad, nunca cesará".
"Y si estamos hablando de las investigaciones en España sobre eras pasadas, entonces la justicia debe seguir su curso".
Muchos académicos veteranos comparten la perspectiva histórica de Garzón y algunos incluso van más lejos cuando lo expresan.
"Se trató virtualmente de genocidio", dice el historiador británico basado en Madrid Ian Gibson.
"Vino de la cúpula, fue sistemático y lo planearon antes de que empezara la guerra. Existen documentos que muestran eso, que si el golpe de Estado fracasaba, pondrían en acción esa política de exterminación", dice Gibson.
"El fin del silencio"
El efecto más inmediato de la dramática intervención de Garzón será la apertura de 19 fosas comunes, en las que se cree están los restos de víctimas desaparecidas.
Ese tipo de excavaciones no son inéditas en España, pero hasta ahora han sido organizadas ad hoc por familiares de los muertos y arqueólogos voluntarios.
"Para mucha gente, la intervención de Garzón significa el fin del silencio y el miedo", explica Emilio Silva, quien desenterró los restos de su abuelo hace ocho años y hoy en día dirige la Asociación para la recuperación de la memoria histórica.
"Muchas familias nos están contactando ahora por primera vez... algunas están enviando información sobre asesinos que aún están vivos. Ya no se trata de una cuestión política: estamos hablando de justicia", dice Silva.
La perspectiva de que ancianos de más de 90 años de edad sean procesados es, por primera vez, concebible.
"Disparate"
Pero la iniciativa de Garzón desató una tremenda tormenta de opositores que lo acusan de jugar a ser Dios.
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Debe ser el único español que no se ha enterado de que Franco murió
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"Debe ser el único español que no se ha enterado de que Franco murió", bromeó el senador Agustín Conde, del opositor conservador Partido Popular (PP), fustigando el hecho de que Garzón pidió certificados de defunción de los acusados: el "generalísimo" y 34 de sus asesores.
Manuel Fraga, el fundador del PP y un ex ministro del gobierno de Franco, calificó el auto de "disparate, un error muy grave", mientras que el diario El Mundo sentenciaba que Garzón no era "ni mental ni moralmente capaz de juzgar a nadie".
A ellos se une ahora los fiscales del Estado, quienes apelaron contra el derecho de Garzón de tratar esta controversia histórica.
Hasta los Lorca dicen "no"
Otros aducen a razones más personales para oponerse al juez, notablemente la familia de la más famosa víctima: el celebrado poeta Federico García Lorca, quien fue asesinado en agosto de 1936.
Junto a los de miles de otras víctimas, se piensa que sus restos están enterrados en la sureña provincia de Granada, en uno de los lugares que serán excavados según lo que ordenó Garzón.
"No creemos que el encontrar los restos añadirá nada a su muy conocida biografía", explica Laura Lorca, su sobrina.
"No debemos molestar a los muertos... y su fama debe servir para proteger el lugar", dice.
La familia Lorca también tiene preocupaciones más prácticas frente a la posible exhumación de las víctimas.
"Será muy difícil evitar que se convierta en un espectáculo mediático -dice Laura-, habrá mucha gente que querrá una imagen de esos restos".
Pero los familiares de otras víctimas no están de acuerdo y argumentan que Garzón sencillamente está siendo tan riguroso con la historia local como lo han sido jueces españoles en casos internacionales de derechos humanos, bajo el principio de "justicia universal".
"Las personas deben pagar por sus crímenes", dice Silva. "No importa si es en España, Argentina, Chile o Serbia: en España no tiene por qué ser distinto".
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