Roma ha sido objeto de numerosas críticas por su plan de elaborar un censo de la comunidad gitana.
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Todos los ciudadanos residentes en Italia deberán portar documentos de identidad con sus huellas digitales desde 2010.
De esa manera el gobierno pretende frenar las críticas que generaron los planes de forzar a los gitanos o romaníes, y a sus hijos menores de edad, a proporcionar sus huellas como una forma de evitar la delincuencia.
La decisión gubernamental de tomar las huellas dactilares de los gitanos, especialmente los niños, generó un aluvión de críticas tanto de la oposición de izquierda como de la Iglesia Católica, el gobierno de Rumania -de donde proceden muchos de los gitanos- y la Unión Europea.
En opinión de los críticos, el plan era discriminatorio y violaba las leyes del bloque comunitario.
"Integración"
Para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, la decisión de fichar a los gitanos con las huellas dactilares buscaba garantizar la escolarización de los niños y su integración social.
En Italia se estima que hay cerca de 150.000 gitanos.
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Se estima que hay cerca de 150.000 gitanos -o nómadas, como los llaman los italianos- viviendo en Italia. Algunos han radicado en ese país durante varias generaciones.
Según el corresponsal de la BBC en Roma David Willey, al parecer la decisión de tomar las huellas a todos los italianos y a los extranjeros residentes en el país ha logrado aminorar las críticas.
El ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, ordenó que se continúe adelante con el proceso de tomar las huellas de la población gitana en los próximos meses como estaba previsto.
Sin embargo, este plan todavía necesita aprobación parlamentaria.
Polémica
Los italianos han tenido que portar durante años documentos de identidad con fotos tipo pasaporte, los cuales tienen que ser mostrados si la policía lo exige.
Berlusconi sostiene que el plan buscaba la escolarización de los niños romaníes.
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La sociedad italiana ha vivido una intensa polémica luego de que varios campamentos de gitanos fueran incendiados a mediados de mayo en los alrededores de Nápoles tras un presunto intento de secuestro de un bebé por una joven gitana.
Portavoces de la comunidad romaní han denunciado la "discriminación" de la que se sienten objeto luego de que se les acusara de agravar la inseguridad en Italia.
Entretanto, el Parlamento Europeo rechazó los planes del gobierno de Berlusconi de fichar con las huellas a la comunidad gitana al considerar que esto "constituiría claramente un acto de discriminación basado en la raza y el origen étnico".
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