Fracasa resolución contra Zimbabue

La resolución pedía sanciones contra Mugabe y otros 13 funcionarios.

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido criticaron duramente el veto de Rusia y China a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hubiera impuesto sanciones contra el gobierno de Zimbabue.

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Zalmay Khalilzad, dijo que el veto despertaba "interrogantes sobre la confiabilidad de Rusia como socio en el G8".

Por su parte el canciller británico, David Millband, calificó la posición de Rusia y China como incomprensible.

Millband dijo que Rusia utilizó su poder de veto, a pesar de la promesa del presidente Dimitri Medvedev de dar su apoyo a la resolución cuando el tema fue discutido en la cumbre de esta semana del G8 en Japón.

Tanto China como Rusia señalaron que se opusieron a la resolución porque Zimbabue no representa una amenaza para la estabilidad internacional.

El portavoz de la cancillería china, Liu Jianchao, destacó que las sanciones complicarían la situación en el país africano y no contribuirían al diálogo político y las negociaciones.

La resolución planteada incluía un embargo de armas, además de restricciones financieras y de viaje al presidente Robert Mugabe y otros 13 funcionarios de su gobierno.

Un corresponsal de la BBC en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Andy Gallacher, señaló que el fracaso en aprobarla es un duro golpe para EE.UU. y Reino Unido.

Clima de violencia

Mientras tanto, Sudáfrica recibió con beneplácito la decisión de la ONU y manifestó su esperanza de que Mugabe y la oposición puedan alcanzar un acuerdo.

La oposición liderada por Morgan Tsvangirai defiende los resultados electorales de marzo pasado, cuando obtuvo el 48% de los votos contra del 43% logrado por Mugabe.

El gobierno, en cambio, destaca el 85% obtenido en la segunda vuelta, más allá de que en esos comicios Tsvangirai no participó por considerar que sus seguidores estaban siendo sometidos a una campaña de intimidación y violencia por parte del Estado.

La oposición asegura que desde marzo 113 de sus partidarios murieron, cerca de 5.000 se encuentran desaparecidos y más de 200.000 fueron obligados a abandonar sus hogares.